En octubre, la fiscal general del Estado le impuso 10 meses de suspensión y 2.500 euros por su trato con los abogados de la exedil Áurea Soto en el caso urbanístico contra el exalcalde Manuel Cabezas. Ahora le cae otra sanción de 18 meses de suspensión de empleo y sueldo por la polémica del piso que le costeó la Xunta y la posterior querella contra una alto cargo que le había requerido que le abandonara la vivienda. El exfiscal jefe de Ourense Florentino Delgado, con destino en Madrid desde mayo, tras ser apartado cautelarmente en abril y pedir un traslado, recurrirá en vía administrativa y si, es necesario, ante la Audiencia Nacional. Se le considera autor de dos faltas muy graves: abuso de su condición de fiscal (un año de suspensión) e inobservancia del deber de abstención (seis meses más).

Durante 12 años la Xunta costeó su céntrico piso de la calle Cardenal Quevedo, los 950 euros de alquiler de un domicilio de 200 metros cuadrados. Florentino Delgado saldó el pleito con el propietario de la vivienda asumiendo la deuda acumulada. Pero la Fiscalía General del Estado censura que no abandonara la vivienda cuando fue requerido por la Administración Autonómica, una vez que esta decidió dejar de satisfacer ese alquiler. Además, la Fiscalía General actúa contra Delgado porque se querelló contra la secretaria xeral de Patrimonio por un presunto caso de acoso inmobiliario que fue archivado por el juez, con el aval posterior de la Audiencia Provincial. La alto cargo de la Consellería de Facenda había requerido precisamente a Delgado que abandonara el piso.

La marcha de Florentino Delgado dio lugar a un cambio relevante en el caso del 10% contra Manuel Cabezas, cuyo papel derivó en el primer expediente y suspensión, que también recurrirá. Delgado no apreciaba delito, alegó prescripción y después pidió que, de investigarse al exregidor, se responsabilizara también al resto de miembros de órganos colegiados. Tras su suspensión, la Fiscalía General del Estado entregó la causa a Carmen Eiró, delegada en la provincia para los delitos urbanísticos. La fiscal aplica otro criterio, totalmente contrario. Pide 7 años de cárcel, 17 de inhabilitación y una indemnización de 1,58 millones de euros.