En julio del año pasado entró en vigor una reforma legal que pretendía facilitar el desahucio de viviendas okupadas ilegalmente, que puede acometerse en un mes sin abrir la vía judicial penal, que supone mayores costes y dilación para los propietarios que quieren recuperar sus bienes. Desde entonces, los juzgados gallegos recibieron 135 denuncias por este delito y resolvieron 88 de ellos. Pontevedra y A Coruña concentran el grueso de estos casos, según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Esta problemática, en la que se mezclan diferentes casuísticas, mostró un incremento de casos durante los últimos años. En España se produjeron en 2017 10.619 okupaciones ilegales, de las que 109 correspondían a Galicia, según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior. El foco mediático se posó sobre este problema vinculado al acceso a la vivienda.
La legislación aprobada en junio del año pasado, modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal del año 2000 e introdujo varios cambios orientados a facilitar a los propietarios la recuperación de sus bienes. Por un lado, se permitió la vía civil para denunciar las okupaciones ilegales, hasta entonces reservadas al ámbito penal. Por otro, ante una demanda de este tipo, se prevén medidas cautelares exprés para que quien habite la vivienda demuestre su derecho a vivir en ella, so pena de que el juez fije fecha para su desalojo.
Así consta en un nuevo apartado del artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante", reza la norma.
El plazo estimado para la expulsión ronda el mes, aunque puede demorarse hasta cinco, según fuentes legales citadas por el diario El País. En todo caso, una dilación menor que los dos años que podía suponer la vía penal.
Durante el segundo semestre del año pasado, los juzgados gallegos recibieron 36 demandas por okupación ilegal: 9 de Pontevedra, 20 de A Coruña, 6 de Lugo y uno de Ourense. Resolvieron 20: 7, 11 y 2, respectivamente, pues en Ourense no se solucionó ningún expediente, según el CGPJ.
Durante los nueve primeros meses de este año, las demandas sumaron 99 casos en Galicia, de los que se resolvieron 68. En Pontevedra hubo 39 denuncias y se solucionaron 19; en A Coruña, 36 y 31; en Lugo, 16 y 12; y en Ourense, 8 y 6, respectivamente.
En términos estatales, las denuncias durante los quince meses posteriores a la entrada en vigor de la nueva ley alcanzaron las 4.576, de las que fueron resueltas 2.691.
La nueva legislación, sin embargo, no generó consenso político. Unidas Podemos la recurrió ante el Tribunal Constitucional alegando que permitía el desahucio sin alternativa habitacional de familias vulnerables, pero el TC tumbó su queja. El texto legal contó con el apoyo de PP, Ciudadanos y PNV en el Congreso.
