Casi tres años después de que el Tribunal Constitucional anulase el impuesto de plusvalía cuando la venta de un inmueble no genera ganancia alguna para el contribuyente, los ayuntamientos siguen cobrando el gravamen aunque la operación deje pérdidas y los afectados se vean abocados a recurrir a los tribunales ante el vacío legal que todavía va para largo ya que está pendiente de la reforma de la Ley de Haciendas Locales. Ni la crisis del sector inmobiliario ni la sentencia del Alto Tribunal han reducido los ingresos municipales por este impuesto, de carácter voluntario y que en Galicia aplican 115 concellos. En 2017, año en el que se dictaron los primeros fallos que tumbaron la plusvalía municipal en ventas a pérdidas y último ejercicio con datos disponibles de la liquidación de los presupuestos locales, los ayuntamientos gallegos recaudaron por este tributo más de 47,4 millones de euros. Esta cifra se queda muy por encima de lo que habían previsto (+41%) y apenas difiere de los ingresos logrados el ejercicio anterior (47,6 millones), récord en la recaudación de la plusvalía en la comunidad gallega, según datos del Ministerio de Hacienda.
Por provincias, los concellos de A Coruña concentran el 45% de lo recaudado por ventas de pisos, garajes o locales comerciales en suelo urbano: 21,23 millones frente a los apenas 15 millones que preveían ingresar. Les siguen en el mapa de la plusvalía, los ayuntamientos de Pontevedra. Lejos de estas cifras están los municipios de Ourense (7,59 millones frente a los 4,36 previstos) y los de Lugo (3,4 millones frente a los 2,5 que habían calculado).
Pese al pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008, que hizo caer en picado las ventas de pisos y tiró por los suelos los precios en el sector, y las sucesivas sentencias contrarias al impuesto de plusvalía; los ayuntamientos engordan año tras año la recaudación por este tributo. Tan solo un año antes de que el Constitucional anulase parte del impuesto, los ayuntamientos gallegos ingresaron 47,65 millones, una cifra récord y casi un 50% más que en pleno boom del ladrillo. Y ya dictado el fallo del Alto Tribunal los concellos hicieron una previsión en su recaudación por este tributo para 2017 de 33,5 millones. Pero finalmente a las arcas municipales hubiera ganancia o minusvalía por operaciones en suelo urbano fueron a parar por este gravamen 47,43 millones, un 41% más de lo previsto. En las cuentas de 2018, los concellos hicieron una estimación de 31,6 millones. A finales del próximo año se conocerán los ingresos definitivos.
Detrás de este repunte, en especial los últimos tres años, hay varios factores, entre ellos que no se han actualizado los coeficientes para calcular el impuesto y al ser anteriores a la crisis no determinaban una plusvalía real. También ha influido el mayor rigor de los ayuntamientos a la hora de aplicar el gravamen y la mejor coordinación con las notarías en el acceso a la información de ventas. Otro de los factores son las transmisiones de venta de viviendas de segunda mano, unas operaciones que desde 2014 están al alza -y ya superan a las de pisos nuevos- y tienen un gravamen más elevado. Del impuesto de plusvalía también tira la reactivación de las transmisiones de venta de inmuebles entre sociedades gestionadas por bancos y de empresas liquidadas durante la crisis que ahora se intentan sacar al mercado.
