Casi 18.000 gallegos intentaron hacerse con alguna de las dos mil plazas en juego en las oposiciones de acceso al cuerpo docente del último verano. El profesorado es uno de los colectivos que tiene más contacto con menores y relacionarse de forma "habitual" en el ámbito laboral con este colectivo conlleva la obligación de presentar un certificado que acredite la ausencia de delitos sexuales. El final de la crisis y la recuperación de las ofertas públicas de empleo han incidido en que la cifra de gallegos que solicitan al Ministerio de Justicia avalar que no han sido condenados mediante sentencia firme por delitos, por ejemplo, contra la libertad e indemnidad sexual, se mantenga en una media diaria que roza los 45.
Desde que entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales, en marzo de 2016, el número de ciudadanos que ha solicitado desde Galicia el documento que da fe de que su historial está limpio no dejó de crecer, aunque perdió fuelle conforme avanzan los meses. El grueso de los potenciales trabajadores obligados a presentarlo hicieron los deberes en el primer año de la exigencia, con más de 70.000 solicitudes. En el segundo se rebajaron a la mitad, a 35.000, y el año pasado ascendieron a 18.000. Este año la tendencia parece confirmarse, pero, incluso así, no dejan de sumarse nuevos aspirantes y al Ministerio de Justicia le constan 7.942 solicitudes desde Galicia en los primeros seis meses de 2019.
Pero no solo docentes. Animadores, personal que trabaja en guarderías, entrenadores de clubes deportivos, personal sanitario y hasta aspirantes a hacer el MIR, entre otros, tienen que realizar la gestión desde el 1 de marzo de 2016, cuando entró en vigor el Registro Central de Delincuentes Sexuales. El encontrarse en ese listado supone que las profesiones con niños están vetadas, por lo menos mientras los antecedentes penales no sean cancelados, como ocurre transcurrido cierto tiempo en el caso de los menores.
En concreto, desde Galicia han pedido el documento en los primeros seis meses de 2019, según Justicia, un total de 7.942 ciudadanos, a un ritmo de 44 de media al día. En su mayor parte, realizaron la gestión de manera presencial en la gerencia territorial de A Coruña (un total de 6.134), pero también se sumarían los gestionados a través de la plataforma de intermediación de datos (PID) en la misma gerencia (1.808). La cifra es "aproximativa", recuerdan desde el Ministerio de Justicia, porque existen canales, como puede ser el telemático, que no recogen desde dónde se hace la petición.
De hecho, solo de enero a junio de este año se emitieron en España 1.380.000 certificados de esta naturaleza y el grueso, más de 860.000, se realizó a tavés de la plataforma de intermediación de datos, lo que implica que es la administración la que realiza la gestión tras recibir lu verde del interesado. Del total, fueron positivos, es decir, revelaron la existencia de antecedentes, el 0,026%, lo que se traduce en números absolutos en 324 personas en todo el Estado.
En Galicia, unos dos mil ciudadanos tendrían vetado el trabajo con menores. A finales de 2018 el número de condenados por delitos sexuales que figuraban inscritos en el Registro Central eran 2.189 personas. Hay que tener en cuenta que la cifra puede subir, si se producen nuevas condenas, pero también rebajarse, como sucede cuando se le cancelan los antecedentes a un menor.
