Las restricciones a la contratación pública aplicadas tras el estallido de la crisis económica propiciada a finales de 2008 con la caída del banco estadounidense Lehman Brothers provocaron una caída del empleo público y un recorte del gasto en este aspecto. Una década después, casi la mitad de municipios gallegos no ha recuperado el gasto en nóminas de sus trabajadores que tenía en 2009, ejercicio en que la recesión se extendió a todo el mundo. A esos 144 municipios, incluyendo entre ellos a las siete ciudades, se unen las diputaciones de Lugo y Ourense.
El balance global muestra una recuperación del desembolso de las entidades municipales gallegas durante la última década, pero esa estadística oculta la incapacidad de casi la mitad de concellos y el 50% de las diputaciones para recuperar magnitudes del momento previo a la llegada de la crisis. En total, las administraciones municipales perdieron 4.693 trabajadores entre enero de 2009 y enero de este año, según las estadísticas del Ministerio de Hacienda.
El año pasado, las entidades locales gastaron 893 millones de euros en personal, de los que casi 750 correspondían a los ayuntamientos y 134,1 a las diputaciones provinciales, según el avance de las liquidaciones económicas de Hacienda. En 2009, las cifras fueron de 841,1, 705 y 127, respectivamente.
Sin embargo, 144 concellos siguen por debajo de sus cifras de antaño. Se trata de 49 de A Coruña, 22 de Lugo, 40 de Ourense y 33 de Pontevedra. Estos últimos son Arbo, Barro, Baiona, Cambados, Campo Lameiro, Cangas, Covelo, Crecente, Forcarei, O Grove, A Guarda, Lalín, A Lama, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Nigrán, Pazos de Borbén, Pontevedra, O Porriño, Portas, Ponteareas, Redondela, O Rosal, Salvaterra de Miño, Sanxenxo, Silleda, Tomiño, Tui, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa, de acuerdo con los datos provisionales de Hacienda.
El empleo público fue uno de los aspecto en que la administración central más restricciones aplicó desde 2010 para embridar el gasto público y contener el déficit. El Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero rebajó al 10% la tasa de reposición aquel año y el siguiente, lo que suponía la cobertura de una de cada diez vacantes por jubilaciones o bajas, e incluso rebajó los salarios de los funcionarios y resto de empleados de las administraciones un 5%. La contención se mantuvo durante la mayor parte de la primera legislatura de del popular Mariano Rajoy.
Además, desde 2012 las administraciones tuvieron que atenerse a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y ajustarse al déficit público y no elevar su desembolso por encima de la previsión de crecimiento económico -regla de gasto-.
Las restricciones tuvieron un efecto sobre las plantillas públicas. En Galicia, los municipios pagaron la mayor parte de peaje. En el inicio de 2009 trabajaban para las administraciones en la comunidad 154.995 personas, 8.042 más que al inicio de este año, según el boletín estadístico de personal al servicio de las administraciones públicas. El mayor recorte afecta a entidades municipales, que cuentan con 26.870 trabajadores, 4.693 menos que hace una década. En el caso de los empleados de la administración estatal, la rebaja es de 3.408 hasta los 26.889 y en el de la Xunta, de 3.687 hasta los 85.612. Por contra, las universidades elevaron casi un 100% su plantilla, ganando 3.746 empleados hasta alcanzar 7.582.
Esta es la única fuente estadística que desglosa los datos de empleo público por administraciones. La Encuesta de Población Activa, que incluye personal temporal muestra un frenazo del recorte del empleo público en verano tras la pérdida de 10.000 puestos en un año. Las administraciones gallegas recuperaron 1.600 empleados en los meses estivales hasta sumar 194.700.
