El frente judicial vinculado a las propiedades de la familia Franco en Galicia se reactiva por partida doble. Por un lado, los herederos del dictador han logrado aplazar la vista por la ocupación simbólica de la Casa Cornide, propiedad de los Franco en plena zona histórica de A Coruña, al solicitar que se eleven las penas que el juez pide para los nueve activistas vinculados al BNG protagonistas de la protesta. Por otro, el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña ha desestimado el recurso de la familia contra la personación del Concello de Sada y la Xunta en la demanda del pazo de Meirás por considerar que existe un interés legítimo en la intervención.

En lo que respecta al primer caso, relativo a que en septiembre de 2017 nueve activistas vinculados al BNG accedieron al balcón de la Casa Cornide, propiedad de la familia Franco en A Coruña, para exigir su devolución al patrimonio público, el juicio fue "suspendido" porque siete nietos de Franco consideran que la calificación como delito de faltas que había establecido el juez "no era suficiente". Así lo explicó ayer Néstor Rego, el "número uno" del BNG al Congreso por A Coruña e integrante del colectivo "19 de Meirás", que protagonizó otra ocupación simbólica en Meirás.

Según indicó a Europa Press, la familia del dictador solicita que se les imputen cuatro delitos, "entre ellos alguno que ya utilizó en el caso del Pazo de Meirás" como "violación de morada o delito de honor" que, conforme señaló, podrían suponer "penas de hasta 13 años de prisión". "Nos parece un despropósito desde el punto de vista político y jurídico", incidió el candidato nacionalista. No obstante, proclamó que el BNG, formación a la que están vinculados los activistas que protagonizaron los actos simbólicos, "no se va a echar atrás".

"Vamos a mantener con firmeza la recuperación de todo el patrimonio robado por el dictador Franco y vamos a plantar cara, incluso este 10 de noviembre para que el BNG pueda ser una garantía firme de la defensa de la democracia y los derechos también en el Congreso", enfatizó Rego.

Por otro lado, conforme al dictamen emitido por el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña, la justicia valora que existe un interés para que estén personadas Xunta y Concello de Sada en la demanda de la Abogacía del Estado por la devolución del pazo de Beirás, declarado bien de interés cultural.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, celebraba ayer que el Gobierno gallego pueda defender los intereses del "patrimonio público de los gallegos" para la recuperación del Pazo de Meirás. En declaraciones a los periodistas, explicó que la devolución de esta propiedad es un trabajo al que la Xunta se ha dedicado "desde hace años" con la constitución de "una comisión con expertos" y "una valoración unánime en el Parlamento" que posteriormente, añadió, remitieron al Gobierno central. "Lo único que planteamos es que si ese pazo es de patrimonio público lo lógico es que no esté en el patrimonio de ninguna familia y que vuelva otra vez" a la titularidad pública, indicó, pues el Ejecutivo autonómico, dijo, no tiene "nada contra nadie".