La Xunta trasladó ayer al Gobierno central en funciones el proyecto de la Ley gallega de acción exterior, con la que pretende mejorar la coordinación con otras administraciones y la ayuda y cooperación al desarrollo. Galicia se convertirá, con ese texto, en la segunda comunidad, tras Cataluña, en contar con una ley de ese tipo.

El vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, se reunió ayer en Madrid con el secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José María Muriel, para presentarle de primera mano el texto. Al encuentro asistió también el director xeral de Relacións Exteriores de la administración autonómica, Jesús Gamallo.

La futura ley pretende "regular la presencia" de Galicia en el exterior "desde la colaboración leal con el Gobierno central y con toda la actividad que desplega en las embajadas" y está justificado por el gran peso de la diáspora gallega..

Durante el encuentro, el representante del Ejecutivo central en funciones "mostró su respaldo al texto y felicitó especialmente la apuesta por la coordinación que recoge la norma", según comunicó la Xunta.

La ley no se ciñe solo a la coordinación entre administraciones, sino que pretende "atraer inversión foránea y favorecer el retorno de emigrantes". Este colectivo alcanzó las 7.184 personas el año pasado en la comunidad, según los datos del Ministerio de Trabajo.

La Xunta prevé aprobar el proyecto antes de finalizar este año, momento a partir del cual comenzará su trámite parlamentario para recibir luz verde definitiva a lo largo de 2020.