La deuda pública de Galicia se ha situado en el segundo trimestre de este año en 11.685 millones de euros, un 1,2% más en comparación con el mismo periodo de 2018. Este pasivo es la segunda mayor cifra en la comunidad en la serie histórica, solo superada por los 11.750 millones que llegó a alcanzar en el primer trimestre de 2018. La explicación que da la Xunta para justificar estos números es que parte de las causas hay que atribuírsela a los impagos del Ministerio de Hacienda de los 700 millones de euros correspondientes al sistema de financiación, que llevaron a tensiones de tesorería y a la necesidad de recurrir a préstamos para tener liquidez y poder pagar las facturas de los proveedores.
En todo caso, la Consellería de Facenda sostiene que Galicia se "consolida" entre las comunidades autónomas con menor deuda de España, ya que representa el 18,3% del PIB, rebajando medio punto el porcentaje de hace un año. Añade también que la previsión es rebajar el endeudamiento con el objetivo de acabar, en relación al PIB, con menos números rojos que en 2018 y cumplir así con los límites que marca la Administración del Estado.
No obstante, Facenda señala que la razón del incremento de la deuda durante el segundo trimestre fue la necesidad de acudir a pólizas de crédito a corto plazo con las que aliviar la falta de liquidez por la decisión del Gobierno central de no transferir a las autonomías la actualización de las entregas a cuenta, que para Galicia supondrían 330 millones de euros. A esta cantidad, la Xunta reclama otros 370 por incentivos fiscales y la liquidación del IVA de 2017 que, de momento, el Estado no reconoce.
"Hay que tener en cuenta que estos datos sobre la deuda están afectados por los impagos de los 700 millones de euros del Gobierno en materia del sistema de financiación, que está provocando tensiones de tesorería y de hecho obligaron a Galicia a recurrir a préstamos ya en el segundo trimestre del año", asegura el departamento de Valeriano Martínez. Del total de la deuda de Galicia, 313 millones son en créditos a corto plazo. "Esta cifra aumentó más de un 50% con respecto a año anterior por los impagos", destaca Facenda.
En consecuencia, el déficit se incrementó al cierre del mes de julio hasta los 192 millones de euros, cifra que contrasta con el superávit de 44 millones de julio de 2018.
La falta de transferencia de los fondos también ha provocado que Galicia aumente hasta los 17 días el plazo medio de pago a proveedores, dato que ha empeorado en 14 de las 17 comunidades. Así, al terminar el mes de julio resulta que nueve autonomías incumplen ya el límite legal de 30 días fijado por ley. En todo caso, Galicia se mantiene dentro de plazo, pero ha perdido la primera posición, que ahora la ocupa Andalucía con 16,98 días.
