La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, Pilar de Lara, solicitará la suspensión cautelar de la sanción impuesta por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el recurso que presentará ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) por esta decisión.
El abogado de la magistrada, Agustín Azparren, confirmó que el recurso se presentará una vez que se les haya notificado la sanción -siete meses y un día de empleo y sueldo- lo que de momento no ha sucedido.
Entretanto, señaló que Pilar de Lara sigue "apurando instrucciones". Así, recordó que "ella tiene un compromiso con la Inspección del Consejo General del Poder Judicial de que a 1 de enero de 2020 estarían todas las macrocausas y piezas por las que se abrió la inspección".
Responsabilidad
Tras confirmar el Poder Judicial la sanción a De Lara, el abogado del exdirigente del BNG Fernando Blanco, que se apartó de la vida política en 2012 tras su imputación en una pieza separada de la operación Campeón, sobreseída en 2018, presentará una reclamación de responsabilidad patrimonial contra la magistrada.
El letrado Xoán Antón Pérez Lema explicó que en "próximos días" presentará esta reclamación ante el Ministerio de Justicia por el "funcionamiento anormal de la Justicia" al haber "causas imputables a la Administración".
En relación a la cuantificación de los "daños morales y materiales", el abogado comentó que están pendientes de estimar ya que, por una parte, están las facturas de los servicios jurídicos desde "principios del 2014".
En cuanto al daño moral, apuntó que se refiere a la continuación de un procedimiento "que lo obligó a apartarse de la carrera política y del protagonismo social". "Hay un daño moral grave", abundó.
"Cuando los funcionarios se equivocan y provocan daño a los ciudadanos hay que reclamarlo a la Administración del Estado", insistió el abogado de Fernando Blanco, quien concretó que si pasan seis meses sin ningún tipo de resolución ni respuesta del Ministerio de Justicia, recurrirán a la vía del Contencioso.
