El Ministerio de Hacienda desbloqueará antes de acabar el mes de septiembre el pago de los 4.500 millones de euros que adeuda a las comunidades en concepto de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. De estos fondos, 330 corresponden a Galicia, pero la Xunta reclama 700 en total por dos conceptos adicionales que el Gobierno no reconoce: 200 millones de la liquidación del IVA de 2017 y 170 de estímulos fiscales. Nada más conocerse la intención de Hacienda, el presidente del Ejecutivo autonómico, Alberto Núñez Feijóo, estalló desde Argentina, donde está de viaje oficial. "Nos están tomando el pelo", censuró, por transcender la decisión "a las pocas horas de una nueva convocatoria electoral", y porque se pretende saldar menos de la mitad de la deuda con Galicia. "Pedimos que se pague de forma inmediata la totalidad del dinero que se debe a las comunidades y no solo una parte", añadió.
Durante semanas, el Gobierno central aseguró que no podía saldar esta deuda -generada por la actualización de las entrega a cuenta al mejorar los ingresos tributarios en 2019- porque estaba en funciones y si transfería esos 4.500 millones comprometería la acción del nuevo Gobierno. Un informe de la Abogacía del Estado reforzaba esta posición. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda mantenía que se estaba buscando una solución para pagar la deuda antes del 15 de diciembre, cargando la responsabilidad de no poder hacerlo antes por el rechazo de las Cortes a los presupuestos del Estado para este año y a la necesidad de tener que actuar con los prorrogados de 2018.
Pese a la reclamación reiterada de las comunidades autónomas de que se buscara una solución alternativa o se anticipara la transferencia de fondos, Hacienda no varió su posición. Hasta ahora. El País adelantó ayer que el ministerio desbloqueará el pago de la deuda en diez días, justo al disolverse las Cortes e iniciarse un nuevo periodo electoral, argumentado que los pagos en ningún caso afectarán al próximo Gobierno, ya que éste no se constituirá hasta ya comenzado 2020. De ahí que sobre todo el PP reaccionara acusando a Pedro Sánchez de actuar por intereses electorales y para comprar el voto.
Uno de los primeros en saltar a la escena fue Núñez Feijóo, para quien la decisión de Hacienda "es una tomadura de pelo", tanto por el momento político, en precampaña electoral, como por reconocérsele a Galicia solo la mitad de la deuda que reclama. "Este tipo de acciones por parte del Estado demuestran que Galicia tenía razón desde el primer momento y de que no existen razones objetivas para explicar el porqué de no pagar todo el dinero que se debe", reprochó desde Argentina.
"Ahora, a las pocas horas de una nueva convocatoria electoral dicen que van a pagar una parte y dejar a deber la otra", comentó, tras lo cual añadió que saldar la deuda de 700 millones es necesaria para "que no haya tensiones de tesorería", para "poder pagar en tiempo y plazo la extra de Navidad, los fármacos del mes de diciembre y la dependencia" de los más mayores de ese mismo mes.
La réplica del PSOE a Feijóo no se hizo esperar. El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, le exigió que se disculpara por su "farsa" y su "teatrillo de confrontación". "Le dijimos a Feijóo más de doscientas veces que con los socialistas las entregas a cuenta estaban garantizadas, que la financiación autonómica estaba garantizada y no quiso escucharnos", lamentó. La "coalición de la derecha y la ultraderecha" liderada por "Casado, Álvarez de Toledo junto a Abascal y con la complicidad de Feijóo, son un riesgo para el Gobierno autonómico, la autonomía gallega y la financiación autonómica", añadió.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, tachó de "pitorreo" que se desbloqueen ahora los fondos después de haberlo condicionado a la formación de un nuevo Ejecutivo. "Lo único que demuestra es hasta qué punto las fuerzas estatales, se llamen PSOE, PP, Ciudadanos o Podemos, están instalados en una frivolidad", censuró.
Y el portavoz de En Marea, Luís Villares, acusó al PSOE y al PP de utilizar la deuda del Estado con las comunidades como "táctica preelectoral".
