La pasada semana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remitió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reclamarle que saldara la deuda de 700 millones que, según el Ejecutivo gallego, tiene contraída el Estado con Galicia. Y ayer se conoció la carta en la que el ministerio responde a las demandas gallegas, rebajando a 330 millones de euros la cantidad que el Gobierno central está dispuesta a pagar, aunque sin poner plazos, y apuntando que los otros 370 no están en la agenda. La Xunta interpreta directamente esa comunicación, firmada por la secretaria de Estado de Hacienda, como una "confirmación" oficial de que no se le va a pagar más de la mitad de la deuda reivindicada.

La carta está fechada el pasado día 12 y está dirigida al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, en contestación a los sucesivos escritos enviados por la Xunta desde el mes de julio para reclamar la urgente aprobación de mecanismos legales con los que satisfacer los 700 millones de euros: 330 por la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, 200 por una mensualidad del IVA penidente de 2017 y 170 como incentivos por haber cumplido en los últimos años los objetivos fiscales.

La respuesta del Gobierno fue siempre que al estar en funciones y ejercer con los presupuestos prorrogados de 2018 no puede autorizar estos pagos, ni con Galicia, ni con el resto de comunidades autónomas, que tienen demandas similares. En todo caso, el Ministerio de Hacienda había anunciado que se buscaría una solución legal antes del 15 de diciembre para transferir los 330 millones de las entregas a cuenta.

Pero en la carta, nada se dice de plazos. La secretaria de Estado, Inés María Bardón, indica al conselleiro que se "está trabajando activamente en el estudio de alternativas que pudieran, en su caso, permitir un cálculo de las entregas a cuenta para este año".

Bardón añade además que de encontrarse una solución, esta supondría una "liquidez adicional" para Galicia, a la que no ve con futuras tensiones de tesorería, como quitándole transcendencia.

Pero Hacienda es tajante con los 200 millones del IVA. Recuerda que fue un cambio normativo aprobado por el Gobierno del PP. "No es posible revertir la decisión adoptada en 2017 por el anterior Ejecutivo", dice directamente.

Indica además que tanto el pago de las entrega a cuenta como de la liquidación del IVA se iban a corregir en los presupuestos para 2019, pero que el proyecto fue rechazado en el Congreso con los votos del PP entre otros partidos, "situándonos en la prórroga presupuestaria con las consecuencias perjudiciales para la ciudadanía que se derivan de tal situación".

Y sobre los 170 millones de incentivos fiscales, la carta de Hacienda indica que son también dos disposiciones del anterior Gobierno "cuyo cumplimiento no se puede exigir en estos momentos", en un caso, y en el otro, que solo era una medida potestativa y que queda a criterio del Ejecutivo de turno.

Tras recibir la carta, Valeriano Martínez, alertó ayer de que "el Gobierno del señor Pedro Sánchez no tiene intención de pagar los 700 millones euros que le debe a Galicia". En una rueda de prensa convocada de urgencia, el conselleiro denuncia que Hacienda "reconoce dos cosas muy graves: no quiere pagar más de la mitad de la deuda que tiene con Galicia (relativa al desempeño fiscal y el IVA) y no sabe ni cómo ni cuándo pagará la otra mitad (las entregas a cuenta)".

Preguntado acerca de si dan por perdido la mitad de esa deuda que el Gobierno descarta abonar, asegura que "en esta vida no hay nada perdido", mientras Galicia "seguirá presionando" con el "conjunto de comunidades", porque es dinero que "legítimamente" les corresponde, ya que está recaudados por el Estado, "pero no son suyos", sino de las autonomías.

"Estamos a mediados de septiembre y ya pasó el tiempo de las excusas. Ya está bien de jugar con los recursos de todos los gallegos y, sobre todo, ya está bien de chantajes", dejó claro. "El Gobierno central tiene la obligación de dialogar, no de chantajear", apostilló.

Recordó que los presupuestos generales del Estado fueron rechazados en febrero, por lo que se pregunta "por qué no hizo nada durante estos siete meses" para "terminar con esta situación de bloqueo". En este sentido, aseguró que "la Xunta no se va a rendir" y seguirá trabajando con "la máxima serenidad" y "lealtad" para que se pague la deuda "existente con todos los gallegos". "Las deudas hay que pagarlas", sentencia.

Por todo ello, lamenta que se vive una situación "sin precedentes" en la que Galicia no puede disponer de 700 millones, 530 de los cuales "están contemplados en los presupuestos vigentes" de 2019.