La Xunta ha decidido "medir las cargas de trabajo de todos los órganos, servicios y unidades de la Administración xeral y sus entidades públicas instrumentales" y así se lo encargará a una empresa para que acometa la labor el próximo año. ¿Para qué? Para luego acometer "un óptimo dimensionamiento de toda la organización administrativa y una eficiente realización de las funciones que cada unidad administrativa tiene asignada". Es decir, para después decidir en base a los informes y recomendaciones de la empresa si hay que acometer cambios, reasignar tareas o empleados, repartir mejor el trabajo, ...
El Gobierno gallego busca "una mejor distribución de la carga de trabajo y reforzar así las áreas de trabajo con mayor volumen de tramitación y de actividad", y en función de las conclusiones de la medición de carga de trabajo de los diferentes departamento tomará decisiones y acometerá cambios.
No es la primera vez que la Xunta acomete una medición de cargas de trabajo. En 2017, empezó por Vicepresidencia de la Xunta. Quería "detectar áreas de mejora" para introducir cambios si era pertinente. ¿Lo hizo? No se sabe, el departamento de Alfonso Rueda. Pero ahora decide extender el análisis a toda la Xunta.
Explica que se "ha pulido el método (de medición) empleado (en Vicepresidencia) de cara a la extensión del mismo a toda la Administración autonómica".
También apunta la enorme complejidad y envergadura del trabajo a desarrollar, pues hay que recoger datos de todo el sector público autonómico y luego analizarlos.
Calcula que la empresa que salga elegida en el concurso necesitará un año para el trabajo. Los datos de los trabajadores públicos dan idea de las dificultades del trabajo: más de 87.000 empleados, de los cuales 16.000 trabajan en servicios públicos.Y además todos en áreas muy diferentes con tareas muy distintas: educación, sanidad, innovación, justicia, hacienda, medio ambiente, vienda, urbanismo, rural, pesca, ...
La empresa debe fijar la carga de trabajo que existe en cada unidad administrativa, teniendo en cuenta todos los procedimientos y actividades que realiza a lo largo de un año. Y luego definir el trabajo que un empleado puede realizar en condiciones normales y a un ritmo normal de actividad.
A la empresa que se contrate para esta tarea, y a la que se propone pagar 60.000 euros, también se le pide que proponga un plan de mejora de calidad de los servicios públicos y que diseñe un sistema de evaluación de la calidad para la Administración autonómica.
También en aras de una mayor agilidad administrativa se le encomendará "la revisión y simplificación de procedimientos administrativos", apostando por una mayor presentación telemática de formularios y planteando criterios de racionalización de trámites y cargas burocráticas.
