El reloj avanza hacia una repetición de las elecciones generales. Las comunidades de todo signo político aguardan expectantes el desenlace del bloqueo político porque de ello dependen 9.000 millones de euros con los que contaban este año, al que restan menos de cuatro meses. La Xunta, de hecho, alerta de que el regreso a las urnas por cuarta vez en cuatro años paralizará la entrega de esos fondos, causando el "colapso" de las finanzas autonómicas y el incumplimiento de los límites de déficit y deuda pública en un momento de amenaza de recesión global. De esa cifra, Galicia reclama 700.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, remitió ayer una carta al titular del Ejecutivo central en funciones, el socialista Pedro Sánchez, para advertirle del peligro que supone esa retención para la prestación de sanidad, educación y servicios sociales -competencias autonómicas- y el aumento de deuda y déficit que acarreará. A esa señal de alarma añadió, de forma similar a lo que hizo el PP estatal en el Congreso el pasado 30 de agosto, una propuesta de decreto-ley que permitiría liberar esas cuantías la semana próxima sorteando la posible disolución de las Cortes el día 23 en caso de una nueva investidura fallida.
En la misiva, cuyo envío avanzó en el Parlamento, Feijóo incide en la "urgencia de una situación que se agrava día a día" y puede alcanzar un punto de no retorno. "En caso de que se produzca una nueva cita electoral y la consiguiente disolución de las Cortes, supondría el colapso de la Hacienda Pública Autonómica y la pésima noticia del incumplimiento del objetivo de déficit público y de los niveles de deuda pública a la que tenían que dirigirse todas las comunidades", recoge la carta sobre un daño que afectaría a Galicia antes de las elecciones autonómicas de 2021. "Espero que solucionemos este asunto porque es clave para financiar los servicios públicos esenciales. Gracias anticipadas", añadió de su puño y letra.
En juego están más de 9.000 millones, cuyo bloqueo ha provocado las quejas incluso de gobiernos socialistas como Baleares, Aragón o Castilla-La Mancha. De ellos, 6.680 corresponden a las entregas a cuenta con los que contaron 11 autonomías en sus presupuestos, y 2.496, a un mes de recaudación de IVA de 2017 que el Ministerio de Hacienda no abonó por un cambio del sistema fiscal. Galicia reclama 335 y 198 millones, respectivamente, más 170 de incentivos por disciplina fiscal.
Hacienda prometió hace unas semanas liberar ese pago este año incluso si se repitiesen las elecciones, a pesar de haber alegado no poder hacerlo por estar en funciones y sin presupuestos para este año.
La ministra María Jesús Montero mantuvo ayer que la forma "más sencilla" de desbloquear ese dinero es facilitar la investidura de Sánchez y rebatió advertencias sobre posibles recortes como las lanzadas por Feijóo, reclamando a las comunidades que "no se escuden en los anticipos a cuenta" para reducir su gasto, pues esos fondos pendientes están destinados al pago a proveedores y equivalen solo a 15 días de tesorería autonómica, expuso en el Congreso, informa Europa Press. Aun así, apuntó como primeras afectadas por este bloqueo a Murcia y Valencia, que lo notarían a finales de octubre o principios de noviembre; el resto de comunidades, a final de año.
La Xunta usa un informe de su Asesoría Xurídica para respaldar la legalidad de un decreto-ley que libere todas esas partidas por "imperiosa necesidad" incluso para las arcas estatales, pues de no hacerlo, estas deberían afrontar en 2021 "pagos superiores a 4.000 millones".
Galicia propone pagos mediante anticipos del Tesoro a cuenta de la liquidación definitiva de los impuestos, del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y del Fondo de Suficiencia. También quiere modificar el sistema del IVA que fijó el Gobierno de Rajoy (PP) para evitar que se "pierda" un mes de recaudación.
