La amenaza que desde junio se cernía sobre la carrera profesional de los funcionarios, con los consiguientes ascensos y subidas salariales en riesgo, se ha diluido. El Gobierno central había planteado la posible inconstitucionalidad de la misma y de dos complementos salariales a los agentes forestales y a los funcionaros en prácticas, y abrió el proceso para ir al Tribunal Constitucional.
El primer paso fue una negociación y ésta se selló con un acuerdo, en el que se blinda la carrera profesional de los funcionarios gallegos. El pacto se alcanzó tras varias reuniones en julio y ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Galicia. El acuerdo no implica cambios sobre lo ya aprobado, tan solo se aclara y se deja constancia de que "los incrementos salariales se realizan a través de los fondos adicionales a los que tiene derecho Galicia por cumplir sus objetivos de estabilidad presupuestaria".
La Xunta explicaba ayer que el acuerdo alcanzado evidencia que siempre "tuvo razón y que todas las medidas son perfectamente legales".
La marcha atrás por parte del Ministerio de Política Territorial es de calado, pues si hubiese continuado el conflicto y llegado al Constitucional estarían en peligro ascensos y subidas salariales de los empleados públicos, pactadas con los sindicatos.
El Gobierno español ponía en cuestión la regulación de la carrera profesional de los funcionarios de la Administración General, que implica este año una subida salarial que oscila entre los 371 euros anuales de los grupos más bajos a los 800 euros que recibirán las categorías más altas.
La carrera profesional permite a los empleados de la Xunta mejorar su nómina con un ascenso de nivel sin necesidad de concurrir a concursos de promoción interna. Hay un grado inicial, sin retribución, y otros cuatro más. Para subir de escalafón deben trancurrir entre cinco y siete años y pasar por una evaluación interna.
Los sindicatos calculan que se benefician de la carrera profesiona la mayoría de los 14.000 funcionarios de carrera y personal laboral fijo que están en plantilla.
La Consellería de Sanidade se anticipó a Facenda y pactó en agosto del año pasado la carrera profesional que permitirá a 22.000 profesionales ascender de categoría y también de sueldo. Supone entre 732 euros más al año, en el caso de los celadores, hasta los 2.937,84 euros más para los médicos.
El Gobierno central también dudó de la legalidad del complemento para retirar de las tareas de extinción a los agentes forestales con 60 o más años. Con este complemento, estos trabajadores pasan a realizar otras funciones pero sin perder salario. Si se paralizaba, los trabajadores tendrían que elegir, explicaban desde la Consellería de Facenda, "perder dinero en el salario y también en la jubilación o seguir apagando fuegos con más de 60 años".
También estaba en riesgo de suspensión los complementos que la Xunta pactó para que los funcionarios que ascienden de categoría aprobando unas oposiciones de promoción interna no pierdan dinero durante el periodo de prácticas.
Resuelto este frente, se abre otro entre la Xunta y el Gobierno. El Ministerio de Política Territorial vuelve a ver indicios de inconstitucionalidad en tres artículos de la Lei de rehabilitación e rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Intentarán resolver las discrepancias en una comisión y en caso de fracasar el diálogo, el Ejecutivo central presentará un recurso de inconstitucionalidad.
