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Noventa concellos incumplen las reglas de gasto y se arriesgan a aplicar recortes

-Hacienda detecta que su desembolso supera el máximo fijado o incurren en déficit -El ministerio analiza cada caso para decidir si impone planes económicos de ajuste

Obras de peatonalización de una calle de Lalín el pasado mayo. // Bernabé/Javier Lalín

El Ministerio de Hacienda ha detectado que al menos noventa concellos gallegos vulneran las reglas de gasto en sus balances económicos del año pasado, arriesgándose así a una intervención de sus finanzas para aplicar planes de ajustes que permitan cuadrar sus números. Esta medida, sin embargo, no será impuesta a todos, pues la administración central analiza cada caso para conocer si la infracción responde a una crisis estructural o a un problema puntual resuelto con ahorros locales y sin necesidad de endeudarse.

Desde el pasado mes de octubre a finales de julio, la cifra de ayuntamientos que han hecho saltar las alarmas de Hacienda creció de 73 a 90. Las cuentas del año pasado de siete consistorios muestran el incumplimiento del objetivo de estabilidad de déficit cero fijado por la administración central, es decir, que presentan más gastos que ingresos. Otros 58 presentan un desembolso excesivo, vulnerando la regla de gasto que establecía un incremento máximo del 2,7% respecto a 2017, sin importar que el consistorio pueda afrontar esa medida. Otros 25 municipios no se ajustan a ninguna de esas dos limitaciones.

Esos dos corsés económicos fueron condicionaron la gestión municipal desde 2012, cuando entró en vigor la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP). Eran los momentos más duros de la crisis y la administración buscaba contener el gasto público y rebajar el déficit con la amenaza de rescate de la economía española por parte de la troika europea.

La norma obliga a las corporaciones municipales a cumplir el límite de déficit marcado para cada ejercicio y a que su gasto no crezca más que la previsión de crecimiento económico del PIB estatal -la conocida como regla de gasto-. En caso de infringir esas normas, un municipio se arriesga a que Hacienda lo obligue a recortar gastos so pena de retenerle fondos e incluso intervenir sus finanzas: el año pasado aplicó esa medida a 42 consistorios gallegos, incluyendo a los que pagaban sus facturas más tarde del plazo legal, fijado ahora en 30 días reales.

En el último listado de infractores de los dos primeros preceptos de Hacienda -a 22 de julio y correspondiente a las cuentas del año pasado- se mezclan municipios con salud financiera, como Vigo, y con problemas económicos, como Miño, que supera los 22 millones de euros de deuda.

En el primer caso se sitúa Vigo, a pesar de que sus cuentas para 2018 registraban superávit e incluso Hacienda le permitió acometer inversiones financieramente sostenibles, aquellas vinculadas directamente al vigor económico de una administración.

El motivo radica en la sentencia judicial que obligó al concello vigués a asumir el Auditorio de la ciudad, que quebró. "Tuvimos que asumir un gasto de 32 millones de euros, pasó algo parecido a las radiales de Madrid", explican fuentes municipales. El desembolso se acometió con ahorros y se saldó en un año. El gasto superó el previsto, pero ante la existencia de 100 millones de remanentes para afrontarlo Hacienda descartó cualquier orden de ajustes.

A Coruña y Ferrol son las otras dos ciudades que aparecen en la lista por violar la regla de gasto, si bien Hacienda carece de datos de Ourense, así como de otros 54 municipios que no le han remitido su información al respecto.

En el caso de Pontevedra no se atienen a la regla de gasto Arbo, Caldas de Reis, Catoira, O Grove, Lalín, Meis, Mondariz, Pazos de Borbén, Portas, Pontecesures, Rodeiro, Silleda, Tomiño, Vila de Cruces y Cerdedo-Cotobade, mientras que suman a la infracción déficit público A Guarda, Mos, O Porriño, Poio, Ponte Caldelas, Salvaterra de Miño, Soutomaior, según Hacienda.

En el caso de A Coruña no se atienen a la regla de gasto Betanzos, Boimorto, Boiro, Camariñas, Cee, Cerdido, Culleredo, Fisterra, Malpica, Mazaricos, Miño, Muros, Narón, Neda, Oroso, Outes, Padrón, As Pontes, Sada y Zas y al objetivo de estabilidad, Moeche, Muxía, Vedra. Incumplen ambos Cabana de Bergantiños, Irixoa, Cabanas, Monfero, Mugardos y Teo.

En Lugo se trata de Baleira, Barreiros, Castroverde, Cervo, Xermade, Mondoñedo, Monforte, Pol, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Baralla; A Fonsagrada, Muras, Negueira de Muñiz; y Abadín, Chantada y Meira, respectivamente. En Ourense son Boborás, Chandrexa de Queixa, Gomesende, Larouco, Xunqueira de Espadanedo, Montederramo, Nogueira de Ramuín, , Padrenda, Petín y Vilariño de Conso; Barbadás, O Bolo, Carballeda de Valdeorras y Manzaneda; y Maceda, A Pobra de Trives, Ramirás y Toén, en cada caso.

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