La Xunta ha reclamado este lunes una solución urgente para desbloquear los 700 millones que el Estado adeuda a Galicia y ha hecho público un informe de sus servicios jurídicos en el que defienden que el Gobierno está obligado a entregar dichas cantidades aún estando en funciones.

El informe fue dado a conocer este lunes en una rueda de prensa del vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del titular de Facenda, Valeriano Martínez. En el dictamen de los servicios jurídicos indican que "el sistema de financiación autonómica debe de ser cumplido por el Gobierno estatal con independencia de que se encuentre o no se encuentre en funciones", según el texto del informe leído por el vicepresidente.

El conselleiro de Facenda, por su parte, calificó la deuda contraída por el Estado con Galicia como "una situación de impagos". "Esos fondos ya existen, son de las comunidades autónomas. Es dinero de todos los gallegos que nos permite prestar estos servicios", aseguró.

Al referirse a la urgencia de esos fondos para prestar servicios sociales básicos, Martínez dijo que la próxima semana comenzará el curso escolar y que algunos servicios como el transporte escolar o el comedor "no están en funciones".

Martínez indicó que la asesoría jurídica de la Xunta basa su dictamen en una situación de "afectación" del interés general, "no en términos difusos, sino en términos concretos, pues hablamos de servicios muy necesarios para nuestros ciudadanos y con créditos perfectamente identificados en cada comunidad autónoma", explicó.

Además, destacó que "corregir" esta situación es posible por parte del Gobierno mediante un decreto ley que sería validado por las Cortes, "plenamente operativas", sostuvo, o por medio de una iniciativa legislativa que contempla el artículo 87 de la Constitución española.

El titular de Facenda descartó la vía jurídica para reclamar esas cantidades al Estado. "No es el momento de la vía jurídica; no creemos en ese tipo de soluciones de carácter bilateral o de quien es más listo que otros".

"Todas las herramientas que están en la defensa de nuestros ciudadanos y de nuestros derechos podrán ser ejercitadas en su momento. Creo que no es el momento de la vía jurídica como hizo Cataluña, curiosamente es la comunidad que menos va por el Consello de Política Fiscal y Financiera (CPFF)", subrayó.

Martínez ha solicitado la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera ante una situación que calificó de "inédita, urgente y sin precedentes", y consideró que esta situación de bloqueo de los recursos podría condicionar "muy mucho la actuación de futuros gobiernos centrales".

"Lo normal sería convocar ese CPFF. Allí podremos hablar todos y allí tendremos la documentación; siempre hemos sido partidarios de encontrar soluciones", señaló, y añadió que el proceso debe der ser "pilotado" por el propio Ministerio de Hacienda".