A punto de expirar el mes de julio de 2015, un accidente mientras practicaba barranquismo en la confluencia de los ríos Pedras y Barbanza en A Pobra do Caramiñal dio un susto de los que no se olvidan a un vecino de Santiago de 43 años. Se torció un tobillo y quedó atrapado en una zona rocosa de la que no podía rescatarlo su compañero de aventura. Fue evacuado por el helicóptero de salvamento Pesca I al Hospital do Barbanza. Del alivio pasó a la sorpresa cuando le llegó una carta de la Xunta con la factura de unos cuantos miles de euros por la ayuda. Solo la movilización de un helicóptero cuesta 2.200 euros por hora.
Parafraseando una de las campañas de Tráfico más famosas, no solo en la carretera las imprudencias se pagan. En 2012, en el momento más duro de la crisis económica que arrolló la vida de miles de personas, la Xunta se cansó de asumir los "cuantiosos costes" de los rescates de sus servicios de salvamento, que alcanzaban los 11 millones de euros al año -6 por el uso de medios aéreos y 5 por el de sus embarcaciones-. En junio de aquel año todo cambió y entró en vigor un nuevo decreto que obligaría a los auxiliados a pagar por las tareas de auxilio en casos de imprudencias o negligencias, así como de evacuaciones médicas de embarcaciones con seguro privado. Fue el caso del barranquista accidentado en A Pobra tres veranos más tarde.
Desde ese cambio normativo, los servicios de salvamento autonómicos enviaron la minuta de su actuación en 117 intervenciones que supusieron en total 415.525 euros, según los datos de la Consellería do Mar. Sin embargo, en algunos casos la administración se ve obligaba a perseguir a ciudadanos o aseguradoras reticentes a abonar esas facturas. De las 28 intervenciones realizadas en 2017, 2018 y este año, por ejemplo, ocho aún no han sido saldadas y suponen una deuda de 56.376 euros.
¿Cuáles son los criterios manejados por la administración para cobrar a un auxiliado? Sobre el papel, deben pagar quienes reclamen la intervención de Salvamento Marítimo sin motivos "objetivamente justificados", sean asistidos por practicar deportes de riesgo (surf, barranquismo, submarinismo...) sin material adecuado, se adentrasen en zonas peligrosas (como acantilados) o ignorasen alertas meteorológicas. "Se evalúa cada caso", matizan desde la Consellería de Mar, para discernir el nivel de imprudencia o la falta del seguro obligatorio para la pesca. De hecho, la Xunta obligará también a las empresas de deportes de riesgo a suscribir un seguro de rescates. Además, en caso de fallecimiento del rescatado Mar no factura el servicio.
En los supuestos de imprudencia encuadró la administración la intervención del Pesca I para evacuar a una peregrina alemana atrapada en un acantilado de Fisterra en agosto de 2014. La joven no dio crédito cuando le reclamaron 4.803,33 euros.
Además, la Xunta también factura evacuaciones médicas de embarcaciones de recreo o mercantes, cubiertas por un seguro, de forma similar a las intervenciones en accidentes de tráfico. En esta categoría se enmarcan los dos únicos casos de facturas por rescates de este año. Se trató de la atención de un tripulante de un mercante y de un matrimonio inglés de un crucero turístico. Sus respectivas aseguradoras recibieron órdenes de pago que sumaban 9.533 euros, de los que 5.683 están pendientes.
Sin embargo, la mayoría de asistencias son gratuitas. Hasta el 9 de agosto, los buques de Salvamento realizaron 19 rescates o tareas contra la contaminación y los helicópteros, 29. Solo se facturaron dos.
El año pasado la Xunta quiso cobrar 75.544 euros por 21 actuaciones, pero solo recaudó 41.167 de 16 de ellas. En 2017 intervino en 5 ocasiones y solo pagaron los rescatados en tres: 17.196 de 35.346 euros. No quedan pagos pendientes de los 86.490 euros de 19 actuaciones de 2016. Ese año la asistencia a una empresa de procesados que ardió y la colocación de barreas anticontaminación supuso la minuta más alta: 21.000 euros. Los asumió la aseguradora.
