Una promesa del Gobierno central pretende apaciguar a las comunidades en la reclamación de los 7.000 millones de euros de fondos pendientes de pago, 5.000 de ellos correspondientes al grueso de la financiación autonómica y 700 exigidos por Galicia. Un día después de que se filtrase el informe de la Abogacía del Estado que establece la imposibilidad de transferir las entregas a cuenta previstas para este año por estar en funciones y con los presupuestos del ejercicio pasado, el Ministerio de Hacienda prometió que liberará esos fondos antes del 15 de diciembre, sin aclarar la fórmula en caso de que fracase la segunda investidura de Pedro Sánchez antes del próximo 23 de septiembre, lo que abocaría a unas nuevas elecciones generales.
La responsable de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, se reunió ayer con el presidente de Canarias, Víctor Torres, y su vicepresidente, Román Rodríguez. Ambos revelaron la promesa del Ejecutivo central. "No nos descubrió cómo, pero dice que se resolverá", declaró Rodríguez tras el encuentro, según informa Europa Press. Desde el Ministerio no confirmaron ese extremo y se remitieron a las últimas declaraciones de Montero, que el miércoles reconoció la búsqueda de "fórmulas" para realizar los pagos.
En caso de que Pedro Sánchez sea investido de nuevo presidente del Gobierno, su equipo no tendrá impedimento alguno para ceder esos fondos. ¿Y si fracasa? "Si fuéramos a elecciones, nosotros nos vamos contentos porque su manifestación expresa [de la ministra Montero] es que antes de que acabe el año buscará la solución para que esas entregas a cuenta lleguen", aseguró el presidente de Canarias.
Similar promesa, pero relativa a un mes de recaudación de IVA pendiente, hizo Montero hace un año al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pero luego vinculó el pago a la aprobación de los presupuestos de 2019, tumbados por el Congreso de los Diputados.
Esta batalla está tensando las finanzas autonómicas, obligando a la Xunta, por ejemplo, a recurrir a préstamos para financiar sus servicios públicos. Galicia y otras cuatro autonomías gobernadas por el PP han creado un frente común y la primera no descarta seguir la vía de Cataluña, que anunció que una denuncia judicial para desbloquear la situación. La Xunta exige 700 millones de entregas a cuenta, un mes de recaudación del IVA e incentivos por rigor fiscal.
Las entregas a cuenta constituyen el grueso de la financiación autonómica. El año pasado, el Gobierno entregó a las comunidades una previsión de fondos para este ejercicio y estas elaboraron sus presupuestos en consonancia con su aumento. Pero de momento reciben el mismo dinero que en 2018. A esos 5.000 millones se unen otros 2.000 de una mensualidad de recaudación de IVA.
El vicepresidente canario también reveló el rechazo de Montero a la convocatoria de un Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el asunto, como pidió Feijóo. "Ella [Montero] no le ve eficacia", indicó, informa Europa Press.
La cuestión generó de nuevo enfrentamiento político en Galicia. El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aplaudió la búsqueda de una "solución" para desbloquear los fondos pendientes, mientras el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy, propuso recurrir a un "instrumento legislativo" para evitar que crezca el déficit público, al obligar a las comunidades a endeudarse para pagar sus gastos mientras no llegan las entregas a cuenta prometidas.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, exigió a Feijóo acudir a los tribunales "si realmente lo que está haciendo el Estado es una ilegalidad" y añadió a las reclamaciones 200 millones para dependencia. Por su parte, el líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, pidió el cese del conselleiro de Facenda "si no es capaz de garantizar el pago de nóminas", después de que Valeriano Martínez advirtiese de que los 700 millones bloqueados equivalen a las nóminas de dos meses de los 90.000 empleados de la Xunta. También culpó al PP de votar contra los presupuestos generales que incluían la actualización de las entregas a cuenta.
