El 8% de las familias gallegas reside en viviendas alquiladas, pero no todos los propietarios de estas cumplen la obligación legal de depositar la fianza exigida a sus inquilinos en las oficinas de la Xunta, un incumplimiento que acarrea sanciones de entre 300 y 3.000 euros y que nunca pueden ser inferiores al doble del citado depósito. En los últimos ocho años, 1.019 dueños fueron castigados con unas multas que suman en total 557.915 euros, lo que supone una media de 557 euros por caso.
La fianza constituye una garantía que aporta el arrendatario para cubrir eventuales impagos o desperfectos en el inmueble alquilado al finalizar el período del contrato. La obligación de consignar ante la Xunta esa cantidad, que suele ser equivalente a una mensualidad de la renta, data de los años ochenta, cuando Galicia asumió las competencias en materia de vivienda y creó el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS). Debe realizarse ese trámite con cada firma de un nuevo contrato. Una vez que los propietarios acreditan que el arrendamiento ha expirado, el IGVS les devuelve la cantidad económica consignada en un plazo no superior a 20 días, según establece la normativa actual.
A partir de 2011, el Ejecutivo impulsó el cumplimiento de esta obligación, incluyéndolo en la nueva Lei de Vivenda del año siguiente. Desde entonces, las sanciones comenzaron a crecer paulatinamente hasta alcanzar el máximo en 2017, cuando se abrieron 275 expedientes, que acumularon 152.298 euros de castigo. El año pasado, las cifras se redujeron a 213 casos por 117.719 euros, si bien los dos últimos ejercicios son los únicos en que se superaron los dos centenares de sanciones.
De los expedientes de 2018, 105 correspondieron a la provincia de Pontevedra, sumando 52.764 euros. En A Coruña se abrieron 70 por 43.226; en Lugo, 25 por 17.263; y en Ourense, 13 por 4.465.
Entre 2011 y 2012 las multas sumaron 50.000 euros distribuidas en 92 expedientes; por 29.000 en 109 en 2013; 65.000 en 111 en 2014; 67.417 en 107 un año después; y 76.489 en 112 en el ejercicio 2016.
Los arrendadores disponen de un mes de plazo desde la firma del contrato para depositar la fianza en el registro del IGVS. Algunos se retrasan, lo que les evita la multa, pero no el pago de intereses de demora. El año pasado estos ascendieron a 81.673 euros frente a los 75.761 de 2017.
El año pasado completaron el trámite de depositar su fianza ante la administración 31.307 propietarios por contratos firmados durante ese ejercicio. Esa cifra se suma a quienes realizaron esa consignación en años anteriores y cuyas viviendas siguen alquiladas a los mismos arrendatarios.
