La presión de las comunidades, siendo Galicia la primera en denunciar el bloqueo de fondos, y el ataque de la oposición empiezan a surtir efecto. El Gobierno dice ahora "buscar fórmulas" para liberar los 6.500 millones que retiene a las comunidades y que proceden de las entregas a cuenta y la liquidación del IVA.
"Yo no cejo en seguir buscando soluciones que permitan atender las necesidades de las comunidades autónomas por la prolongación de la situación de no tener prespuetos y un Ejecutivo en funciones", aseveró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Hasta ahora se limitaba a considerarlo imposible porque decía no tener margen de maniobra por estar en funciones. Y alegaba un informe de la Abogacía del Estado para sostener su negativa a liberar los fondos.
Cuando el PP exigió conocer el citado informe, desde Hacienda se explicó que primero de forma verbal se preguntó a los letrados del Estado y que el pasado 22 de agosto se le pidió un documento por escrito, y desde el martes obra en manos de Montero.
El informe valida que un Ejecutivo en funciones no puede actualizar el importe de las entregas a cuenta, que ascienden a 5.000 millones de euros. La liquidación del IVA depende de unos nuevos presupuestos. La Abogacía "limita la facultad de servirse de los principales instrumentos de orientación política" para no "condicionar la actuación del nuevo Gobierno".
A ese informe se agarró ayer el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, para denunciar "las mentiras de Feijóo sobre las entregas a cuenta". Caballero pide al titular de la Xunta que "deje la estrategia de victimismo y de falso agravio a Galicia porque no hay ninguna decisión tomada por el Gobierno de España que pueda ser interpretada de ese modo".
Por su parte, Yolanda Díaz, la portavoz de Galicia en Común, exigió la comparecencia de la ministra de Hacienda, pues es "gravísima la afectación" que el bloqueo de fondos a las comunidades , pues están en peligro los servicios públicos, afirmó.
