La Xunta defendió ayer establecer por ley su capacidad para fiscalizar las ayudas de los concellos a las líneas aéreas, como recoge el proyecto de Lei de Acción Exterior, que los alcaldes de Vigo y A Coruña han rechazado al entender que invade sus competencias. El vicepresidente autonómico, Alfonso Rueda, negó que la norma suponga injerencias de ningún tipo y justificó la medida para velar por la legalidad de esos incentivos. "Lo que dice [el texto legal] es que cuando un ayuntamiento tenga intención de subvencionar una línea aérea lo que hay que hacer es examinar esa ayuda para ver si incumple o no la directiva europea", expuso ayer en Poio. La Xunta podrá vetarla en caso de entender que es ilegal.
Rueda declaró ayer que los ayuntamientos son "libres" en ese terreno "dentro de la normativa europea" y aseguró que la futura Lei de Acción Exterior "va en beneficio de todos".
También se refirió a la propuesta del Gobierno central de fijar un pago "simbólico" en las autovías estatales. "Es una maniobra de distracción", sostuvo Rueda, que reclamó al Ejecutivo los 700 millones de euros que adeuda a la Xunta. "¡Qué curioso que sí lo puedan hacer [peaje en autovías] e ingresar 700 millones no", ironizó sobre la explicación del Gobierno de que estar en funciones limita su capacidad de pago.
