16 de agosto de 2019
16.08.2019

La Xunta defiende su control de ayudas aeroportuarias porque también lo hace la UE

El Gobierno gallego aclarará qué pisos regula la norma sobre viviendas turísticas en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de 2020

16.08.2019 | 03:57

La Xunta tendrá la capacidad de fiscalizar las ayudas que los concellos de Vigo, A Coruña y Santiago conceden a sus respectivos aeropuertos, bien a través de fondos inyectados directamente a las compañías aéreas, bien de forma indirecta con otros convenios, con el objetivo de lograr rutas nacionales o internacionales. Así lo establece el proyecto de Lei de Acción Exterior, que concede esa capacidad de control al Ejecutivo para asegurarse de que esos acuerdos cumplen las directrices de la Unión Europea o las normativas sectoriales. La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, defendió esa potestad de fiscalización alegando que también dispone de ella la UE sobre los fondos comunitarios.

"Eso ya existe. Esas ayudas europeas están fiscalizadas por Europa, no por la Xunta", respondió ayer Castro en la Cadena Ser a las quejas de los regidores de Vigo y A Coruña, los socialistas Abel Caballero e Inés Rey, respectivamente, sobre el proyecto legislativo que publicó este diario. "La Xunta simplemente está recordando que existe esa directiva de servicios de Europa, donde están vigilantes y abrieron cantidad de expedientes en España por esas ayudas de Estado", añadió antes de insistir en que el proyecto legal no constituye ninguna novedad en cuanto al derecho de veto del Ejecutivo autonómico.

Este punto del borrador de la norma establece que "las ayudas públicas, subvenciones o estímulos de cualquier tipo que las administraciones públicas tengan previsto otorgar a compañías aéreas deberán ser comunicadas en fase de proyecto al centro directivo responsable" de la Xunta, que es la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE. "Serán nulas las ayudas que no sean comunicadas", añade.

La competencia de las tres terminales gallegas y las ayudas concedidas por cada una y por la Xunta para elevar sus rutas y, por tanto, sus viajeros ante la competencia cercana del aeropuerto de Oporto han sido objeto de choque político desde hace años.

Entre 2005 y 2013 el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo (PP) subvencionó vuelos y compañías, primando la terminal de Lavacolla, que recibió 9 millones de euros, frente a los 2,9 de la viguesa Peinador. Ante las quejas, hace seis años cesó estas ayudas, pero los concellos decidieron actuar por su lado. Santiago destina 1,7 millones anuales a esta cuestión, por 1,8 de A Coruña. Vigo y la Diputación de Pontevedra gastarán 3,36 millones entre 2018 y 2020.

El comité de coordinación impulsado por la Xunta fracasó, pero Castro pidió ayer retomarlo, sumando a él a los citados concellos, Gobierno central, Clúster de Turismo y Cámaras de Comercio y "hacer el trabajo empresarial de búsqueda de mercados [...] sin pagar a las líneas aéreas".

La responsable de Turismo también avanzó que se cambiará, a través de la Ley de Acompañamiento, la "denominación" de pisos de uso turístico, regulados desde 2017, para diferenciarlos de los apartamentos turísticos. "Las viviendas de uso turístico son viviendas particulares de una persona que, por ejemplo, se marcha a veranear a Mallorca este mes y se la alquila a otra persona, pero después vuelve a ella", ilustró. En el registro autonómico de este tipo de pisos figuran ya 9.000 inmuebles, cifró Castro, mil más que a comienzos de año.

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