El Gobierno en funciones del PSOE retoma su plan para imponer el pago de un peaje "simbólico" en las autovías estatales que había planteado en noviembre, cobro con el que reduciría los costes de mantenimiento de la red viaria y que incluso contribuiría a rebajar los peajes que aún están en manos privadas, como la Autopista del Atlántico (AP-9). Pero se ha topado con el rechazo de los transportistas y automovilistas, así como de gobiernos autonómicos como los de Galicia y Andalucía. Los primeros alertan del coste adicional que tendrían que asumir, lo que reduciría su competitividad en el mercado europeo, otros conductores plantean que la medida desviaría más tráfico hacia la red secundaria, lo que podría incrementar la siniestralidad.
Por su parte, la Xunta tachó el planteamiento de "globo sonda" en un momento de bloqueo institucional tras la primera investidura fallida del presidente en funciones, Pedro Sánchez. Si no sale adelante esa designación antes del 23 de septiembre, se celebrarán elecciones generales.
Los ministros de Fomento, José Luis Ábalos, y Hacienda, María Jesús Montero, defendieron ayer la necesidad de abrir el debate sobre fórmulas para financiar el mantenimiento de la red de carreteras estatal, que cuesta 11.000 millones anuales, pero coincidieron en que el proceso para imponer un peaje en autovías no se ha abierto, después de que El País publicase que el Gobierno quiere retomar una idea planteada ya en noviembre.
Según esa información, el peaje en las autovías sería "simbólico", de alrededor de una décima parte del coste medio en las autopistas de peaje. Atribuye al Ejecutivo en funciones la intención de consensuar la medida con las autonomías.
Los transportistas clamaron contra esa posibilidad. La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que agrupa a 32.000 pequeñas y medianas empresas, elevaría sus gastos de explotación, obligándolos a elevar sus precios y, por tanto, reduciendo su competitividad en la UE en un momento de incertidumbre económica mundial.
Además, cifró en 21.000 millones de euros su aportación fiscal mediante la carga impuesta a los carburantes. "[El sector] ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras españolas", añadió a través de un comunicado. Recordó que en Francia e Italia solo se cobra peaje en vías de gestión privada.
Galicia también desdeña el debate y censura que el Gobierno de Sánchez alegue que estar en funciones le impide liberar fondos pendientes -la Xunta reclama 700 millones de euros de entregas a cuenta, recaudación del IVA e incentivos por el cumplimiento de los corsés fiscales-, pero no sea obstáculo para afrontar este plan, que supondría en la comunidad establecer el pago en las autovías A-6 (A Coruña-Madrid), A-8 (Autovía del Cantábrico), A-52 (Rías Baixas), A-54 (Lugo-Santiago) y A-55 (Vigo-Portugal).
El Gobierno gallego exige una "propuesta concreta" para negociar, pero siempre bajo una premisa: bajar los peajes de la AP-9. "La Xunta tiene claro que una minoría de españoles no puede pagar peajes tan caros cuando la mayoría no paga nada", advierten desde la Consellería de Infraestruturas.
"Hasta ahora el Gobierno se limitó a lanzar un globo sonda sobre el que no es posible opinar. Y sorprende que anuncie su intención de regular un asunto de tanto calado estando en funciones, al mismo tiempo que usa esta situación como excusa para mantener bloqueados otros asuntos urgentes", añaden en alusión al dinero pendiente reclamado por las autonomías.
Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos, avanzó su rechazo. "¿Es una broma? Como presidente de Andalucía me opongo desde ya", escribió Juan Manuel Moreno en las redes sociales.
También se oponen la federación de consumidores Facua y el Real Automóvil Club de España (RACE). Los primeros creen que el cobro de peajes en las autovías perjudicaría a los ciudadanos con menos recursos, que elegirían vías con "peores condiciones" y más riesgo de accidentes; y los segundos advierten de que contribuiría a elevar el tráfico en vías menos seguras. "Puede hacer que muchos conductores, precisamente para evitar este pago por uso, se vayan a carreteras secundarias, que es donde se produce el 78% de los accidentes mortales", alertó el presidente del RACE, Antonio Lucas, en la Ser.
Por su parte, la patronal de grandes constructoras y concesionarias (Seopan) se mostró favorable. Su presidente, Julián Núñez, considera la idea "beneficiosa" para la economía y alegó que ya se aplica en la mayoría de países de la UE. En la Ser, aseguró que el retorno fiscal por cada peaje es de un 40%.
