La inversión de concellos y diputaciones vinculada al superávit de sus cuentas aumentó casi un 80% el año pasado coincidiendo con la rebaja de las restricciones impuestas por el Ministerio de Hacienda. Los proyectos vinculados a estos fondos sumaron 85,3 millones, mientras que en 2017 superaron por poco los 48. Además, los ayuntamientos que emplearon esta vía de gasto justo en año electoral crecieron también de 66 a 92. A nivel estatal el balance también es positivo, con un desembolso previsto de 1.341 millones, un 46% más que el anterior ejercicio.
El Gobierno anterior presidido por el popular Mariano Rajoy aprobó en marzo del año pasado un decreto-ley para impedir que el bloqueo de los presupuestos generales impidiese a las entidades locales invertir parte de su superávit. Además, cedió a dos exigencias de la FEMP: amplió los apartados en que se podía inyectar ese dinero -introduciendo cuestiones como educación, política social o deportes- y permitió que la inversión del excedente de 2017 se pudiese gastar no solo en 2018, como establecía hasta entonces la normativa, sino también en 2019.
Este último aspecto parece haber sido el más beneficioso para el aumento de estas inversiones, pues a nivel estatal solo el 9% del total -120,6 millones- se han destinado a programas de actuación hasta ahora vetados, como instalaciones deportivas (47,8 millones) o centros docentes de preescolar y primaria (17,44), según el informe del Ministerio de Hacienda.
El decreto que rebajó las restricciones a este gasto ya alertaba del "desequilibrio entre los datos de inversión financieramente sostenible que podría realizarse y los que realmente se ejecutan (apenas un 26% con datos de 2016)". Se obligaba a redactar los proyectos, tramitarlos y ejecutarlos en un único año. Al carecer de autorización ya al final de marzo del ejercicio pasado, hubiese resultado una quimera para muchas administraciones emplear esos fondos sin disponer de doce meses adicionales.
Aun así, no basta con cerrar el ejercicio con más ingresos que gastos para utilizar esta vía. Concellos y diputaciones deben tener su deuda bajo control, ajustarse a la regla de gasto, cumplir el plazo legal de período medio de pago a proveedores y disponer de un remanente en caja equivalente a la inversión financieramente sostenible que quieran acometer. Por ejemplo, si un concello dispone de un superávit de 5 millones y quiere invertirlo todo, deberá cerrar el siguiente ejercicio con un remanente por esa misma cantidad.
El ejercicio pasado sumó el séptimo balance consecutivo de las administraciones municipales con números positivos, resultado condicionado por el corsé legal aprobado en 2012 por el entonces Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy. Era el momento más duro de la crisis y las finanzas públicas hacían aguas, víctimas de un desplome de ingresos que amenazaba con derivar en un rescate completo de la economía española por parte de la Unión Europea. Para contener el déficit público, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera impuso la obligación de que la amortización de deuda fuese prioritaria en caso de superávit, entre otras cuestiones.
Dos años después, el Ejecutivo relajó la austeridad y permitió que los ayuntamientos y diputaciones saneados pudiesen destinar parte de su superávit lo que definió como "inversiones financieramente sostenibles". Aquel año el desembolso en Galicia rozó los 26 millones. En 2015 sumó 82,8; en 2016, 48,6; y en 2017, 48,1.
El balance de año pasado -referido al superávit de 2017- mejora esas cifras hasta alcanzar 85,3 millones. De ellos, 36,5 corresponden a 92 municipios y casi 48,9 a diputaciones. De estos 23,5 corresponden a Pontevedra (cuarta cifra más alta del Estado) y 22,5 a A Coruña (octava).
Hacienda también informa de los ayuntamientos con inversiones superiores a los 5 millones. En esa lista solo aparece un representante gallego. Con 11,4 millones, Vigo copa casi un tercio del total.
