Desde hace años, los ayuntamientos se quejan de que cada nueva ley que aprueba la Xunta o el Gobierno central, se incrementan las tareas encargadas a los concellos que, en la mayoría de los casos, son los responsables de velar por el cumplimiento de unas normas en las que no participan en su redacción. Ejemplos recientes son la exigencia de vigilar a los dueños de fincas para que las limpien de maleza con el objeto de prevenir los incendios o la prohibición de sacrificar animales abandonados que acaban en las instalaciones municipales. Ambas son normas de la Xunta que ha provocado que las entidades locales se vean desbordadas en sus funciones sin recibir contraprestaciones adicionales consolidadas más allá de acudir a programas de subvenciones o convenios con la Administración autonómica para obtener recursos económicos con los que atender una cartera creciente de servicios sin correspondencia financiera estable.
Y esta dinámica no parece tener fin. El próximo reto de los ayuntamientos tiene que ver con la Lei de Protección da Paisaxe y las nuevas encomiendas que se le encargarán a los entidades locales. La norma es de 2008, pero el reglamento que la desarrolla ha comenzado el pasado mes de julio su exposición pública. Como advierte la Consellería de Medio Ambiente, las nuevas disposiciones no conllevan más obligaciones administrativas para los ayuntamientos con planes de ordenación urbana vigentes. "Pero otro cosa es que, con ocasión de la redacción de un nuevo plan urbanístico se deberá prestar más atención al paisaje", precisa la Xunta. Y unos dos tercios de los concellos de la comunidad o bien carece de PXOM o está totalmente desfasado.
Para los municipios que tengan el reto de redactar un nuevo plan de ordenación, la lista de tareas vinculadas a la protección del paisaje es larga. Lo primero es la obligación general de incorporar un estudio específico, identificando, por ejemplo, las zonas por su valor natural o el impacto sobre el medio natural de la construcción, o incluir un análisis de visibilidad para localizar miradores y sendas panorámicas.
Luego, tendrán que contar con estudios detallados del paisaje urbano los instrumentos de planeamiento como planes parciales, los especiales de reforma interior en suelo urbano no consolidado o los especiales de protección referidos a núcleos urbanos. Y en ellos deberá estar recogido la imagen exterior de los núcleos urbanos, un diagnóstico de su estado, las vistas del conjunto, la silueta urbana, las fachadas que se perciban desde las vías de entrada, los distintos tipos de paisaje presentes en la población o una evaluación de los elementos que forman la escena urbana cuyo mal estado constituya un impacto paisajístico. En este último caso, el análisis tiene que recoger el trazado, sección y pavimento de las calles y plazas, una tipología de los edificios y de los materiales de las fachadas, las zonas verdes y arboladas, el mobiliario urbano, la señalización, las farolas y las redes de infraestructuras, el tráfico y las áreas de aparcamiento.
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) aún no ha sometido a discusión interna el reglamento de protección del paisaje, por lo que no tiene una postura oficial, pero varias fuentes municipales sostienen que supondrá más trabajo a los concellos por tener que afrontar nueva tareas, que los informes del PXOM engordarán enormemente y que además resultará más caro la elaboración de los planes de ordenación, bien por encargárselo a una empresa externa o por tener que contratar más consultores.
El reglamento se aplicará no solo en el territorio de Galicia sino también en la zona marítimo-terrestre y en las aguas interiores, para descartar que las intervenciones puedan tener algún incidente sobre las características y los valores propios de los paisajes marinos y de las rías, atendiendo a la percepción de estas desde las zonas terrestres.
