Sin presentar todavía ningún informe la reciente sección de prevención de la corrupción creada en el Consello de Contas, sí prosigue, en cambio, con sus trabajos para identificar los peligros que existen en el funcionamiento de las distintas administraciones. En esta línea, ha aprobado un catálogo en el que se recogen, según su experiencia fiscalizadora, los riesgos más recurrentes en el sector público y las medidas correctivas propuestas. Y Contas señala la ordenación urbanística "como uno de los sectores más tendentes al ejercicio de actividades susceptibles de actos de corrupción", entre otras razones, por la "inactividad administrativa", en lo que es una clara referencia a los concellos, dado que son los que tienen las competencias. Para corregir esta laguna, el órgano fiscalizador propone que la comunidad autónoma asuma la tutela en materia urbanística y que se refuercen los mecanismos de denuncia y de acción popular como un sistema adicional de protección de la legalidad urbanística.
Basado en su "experiencia fiscalizadora", el Consello de Contas ha he hecho una guía, para que las entidades públicas puedan comparar los riesgos e incorporar las medidas correctoras, centrada en las actividades "que por su propia naturalezas" son susceptibles de acabar en prácticas de corrupción. Como áreas de peligro, señala la gestión de personal, la concesión de subvenciones, las contrataciones, la financiación de los partidos políticos y la ordenación urbanística.
Sobre esta último aspecto, Contas advierte de la laxitud en el control de la legalidad. "Uno de los principales riesgos es la debilidad del sistema de protección de la legalidad urbanística a causa de la inactividad administrativa", expone. "El control de la comunidad autónoma sobre el municipio y el reforzamiento de los mecanismos de denuncia y la acción popular son dos instrumentos que pueden mitigar estos riesgos", asegura el órgano fiscalizador.
Así, de forma concreta, propone que la Xunta refuerce el personal del área de inspección y vigilancia urbanística de manera que pueda estar presente en todas las etapas, desde el inicio hasta su ejecución, complementado esta acción con un informe de seguimiento que determine si se cumplen o no en los concellos las directrices del planeamiento, además de planes de control, tanto del municipio afectado como de la comunidad autónoma, del desarrollo de la gestión urbanística.
A estas medidas convendría sumar otras para realzar la acción popular como herramienta de vigilancia adicional. Entre ellas, crear equipos específicos en el ámbito municipal y autonómico para recibir y resolver todas las denuncias que presenten los ciudadanos a título particular, que además deberían elaborar un informe anual detallando su actividad, la denuncias recogidas, el estado del expediente o el resultado obtenido.
En el ámbito de la organización, Contas propone establecer cursos obligatorios de formación para los concejales y que las potestades públicas de urbanismo se reserven para los funcionarios de carrera.
El Consello también deja algunas recomendaciones para que la financiación de los partidos políticos gane en transparencia. Así, aconseja que realicen una publicación detallada de todas las aportaciones recibidas, tanto en dinero como en especie, así como de los préstamos bancarios, indicando su importe, tipo de interés y plazo de amortización.
Además, aboga por crear un registro público en el que se recojan todas las donaciones que reciban tanto las formaciones políticas como cualquier fundación o entidad relacionadas con ellas. Actualmente, ya por ley tienen la obligación de difundir las donaciones recibidas, pero solo cuando el importe supere los 25.000 euros, así como los créditos que tienen con los bancos.
