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El CES alerta del riesgo sanitario al exigir que los restaurantes ofrezcan las sobras

En su dictamen de la Ley de Residuos, el Consello Económico e Social reclama a la Xunta que redacte un reglamento específico para evitar las eventuales intoxicaciones

Una comanda en un restaurante. // Bernábe

Una de las medidas más llamativas de la Lei de Residuos e Solos Contaminados de Galicia, que aún está en fase de anteproyecto, es la que obliga a los restaurantes a ofrecer a los clientes la comida sobrante de sus comandas. Sobre esta exigencia ha emitido el Consello Económico e Social (CES) una objeción al entender que la medida puede implicar un "riesgo sanitario importante" en función del tipo de producto. Por eso, reclama a la Xunta que, antes de hacer efectiva la exigencia, elabore al detalle el procedimiento a seguir, mediante un reglamento específico, con el objeto de evitar eventuales intoxicaciones y que además intervenga la Consellería de Sanidade para velar por la idoneidad del protocolo.

Estas consideraciones se recogen en el dictamen que sobre le ley ha aprobado el CES en su primera reunión plenaria en casi ocho años sin Corina Porro ya como presidenta, al ser esta designada delegada de la Xunta en Vigo.

El Gobierno gallego intenta reducir el elevado volumen de desperdicios alimentarios que se generan y para ello establecerá la obligación de que los establecimientos de restauración "oferten la entrega de las fracciones sobrantes de alimentación no consumidas a la persona que contrató el servicio", preferiblemente, pero no de forma de exclusiva, en recipientes que no sean de un solo uso. No cumplir esta norma les puede suponer multas de hasta 900 euros.

Esto supondrá un cambio importante en la manera de operar de los restaurantes, pues se extenderá una práctica que es prácticamente marginal. El sector se quejó de que con esta exigencia los alimentos se podía contaminar en el trasiego y de que una posible intoxicación acabara en una demanda contra el establecimiento. La Xunta aceptó las alegaciones y prometió que la ley los eximiría de cualquier responsabilidad en cuanto el comensal saliera por la puerta del establecimiento.

Sin embargo, aunque las responsabilidades jurídicas quedarán delimitadas, al CES le parece que algunos riesgos siguen activos. "Dado que la medida puede implicar un riesgo sanitario importante, como cuando afecte a productos que deban mantener la cadena de frío o con ingredientes sensibles o perecederos, el CES considera necesario una mayor concreción con un desarrollo reglamentario propio", se recogen en el dictamen, para lo que estima oportuno que intervenga en su redacción la consellería con competencias en salud pública.

El Consello Económico e Social comparte los objetivos de la nueva ley, lo que no le impide que enumere unas cuantas salvedades. Así, también pide a la Xunta que sea más rotunda en el apartado económico y que no se limite a anunciar medidas fiscales para fomentar la reducción de residuos, implantar la recogida separada, mejorar la gestión o fortalece el mercado del reciclaje.

"La ley debería incorporar un mandato claro y no una mera declaración posibilista para que la Xunta cuente con un plan con dotación financiera suficiente para conseguir los objetivos", figura en el informe.

Sin entrar en más detalles, el CES considera que los ayuntamientos también tienen que contar con una financiación suficiente para poder cumplir con sus responsabilidades.

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