Aunque su función principal es fiscalizar las cuentas públicas de la comunidad y señalar sus deficiencias y eventuales irregularidades cometidas por las distintas administraciones, ya sea autonómica, diputacional, municipal o universitaria, el Consello de Contas también emite recomendaciones con el objeto de mejorar la gestión pública y el control de los recursos. Luego, otra cosa es que la administración pertinente haga caso o no. Y Contas, por segunda vez, ha elaborado un informe para evaluar qué aceptación han tenido sus consejos y hasta qué punto la administración, en esta ocasión la Xunta, ha cumplido con las recomendaciones dictadas entre los años 2012 y 2016. La conclusión es que el Gobierno gallego podría haber hecho bastante más. "Aunque son apreciables los avances producidos, aún es insuficiente el grado conseguido en el cumplimiento de las recomendaciones objeto de este trabajo. En consecuencia, se insta a las entidades fiscalizadas a mejorar su puesta en práctica con el objetivo general de incrementar la calidad de la gestión pública", se recoge en el informe de seguimiento del Consello de Contas.
Sobre la mesa de análisis del órgano fiscalizador había 76 propuestas en 2018, de las que 17, que suponen algo más del 22%, se rechazó su aplicación por parte de la Administración. De las aceptadas, 4 estaban pendientes de aplicar (el 6,9% del total), 11 fueron parcialmente implantadas (19%), 39 se encontraban el pasado año en proceso de aplicación (67,2%) y solamente 3 se consideran que están correctamente aplicadas (5,2%). Y sobre un caso, Contas no opina porque necesitaría una prueba adicional para verificar si se ha implantado correctamente.
Lo que ha evaluado el Consello de Contas son las recomendaciones contenidas en los informes de fiscalización de 2012 a 2016 del Fondo de Compensación Interterritorial, de los recursos procedentes de la UE, de la cuenta general de la comunidad autónoma y del Sergas y de la actividad económica de las entidades públicas dependientes. Los consejos iban, por tanto, dirigidos las consellerías de Facenda, de Sanidade y de Presidencia, que han tenido la oportunidad de aceptar las propuestas o explicar los motivos por los que no las consideran pertinentes. También había un par de consejos dirigidos al Ayuntamiento de Ferrol.
"Las recomendaciones pretenden la mejora de los sistemas, operaciones, gestiones y prácticas llevadas a cabo por las entidades objeto de examen y son una consecuencia de las fiscalizaciones cuyo cumplimiento por parte de las entidades fiscalizadas implica una mejora de la gestión de los recursos públicos", se explica en informe. Los consejos no son vinculantes, por lo que una administración puede rechazarlos directamente, pero al aceptarlos e implantar las medidas sugeridas se muestra que la entidad fiscalizada "tiene una expresa voluntad de mejorar la gestión y un compromiso con la transparencia".
El órgano fiscalizador considera "relevante" el alto porcentaje de recomendaciones que no fueron atendidas, por lo que tratará de "avanzar especialmente en el cumplimiento de estas recomendaciones, aclarando las dudas que, de ser el caso, había concurrido en los diferentes supuestos".
Entre las propuestas de mejora dirigidas al Sergas -que concentra un tercio de todo el presupuesto de la Xunta- y que ha rechazado aplicar figura, por ejemplo, consolidar el Fondo de Contingencia porque atiende, pese a que no está pensado para ello, a gastos consolidados, lo que provoca "distorsión" en la información presupuestaria.
En cuanto al gasto farmacéutico, Contas aconseja modificar su estructura para que la contabilidad permita reconocer los diferentes componentes de este capítulo, que además no para de crecer debido, entre otros factores, al envejecimiento de la población.
Además, pide que las fundaciones de investigación vinculadas a los centros sanitarios se integren en el sector público autonómico para que se pueden fiscalizar sus cuentas, a lo que el Sergas se niega argumentando que esta recomendación no procede en el marco legal vigente y que no se pueden incorporar al sistema sanitario público de Galicia.
En cuanto a la cuenta general de la comunidad autónoma, el órgano fiscalizador reclama cambios legales para frenar el "uso excesivo" del programa de "imprevistos" como cajón de sastre presupuestario -consejo también rechazado por la Xunta- y que se limite el recurso a las modificaciones presupuestarias "a lo estrictamente necesario", ya que de lo contrario se está desvirtuando precisamente su carácter extraordinario.
Otras muchas propuestas que no han sido tenidas en cuenta se refieren a aspectos técnicos que el Consello de Contas considera pertinentes para un mejor control y gestión de los recursos públicos.
