El Tribunal Supremo avala la postura de la Audiencia Nacional y ratifica que la competencia para investigar el caso Vendex, la pieza separada más importante de la operación Pokemon, corresponde al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, donde se iniciaron las investigaciones bajo el mando de la jueza Pilar de Lara, quien está pendiente de saber si se confirma la sanción contra ella de siete meses y un día, que implicaría la pérdida de destino.
En esta pieza se encuentra todo lo relativo a las actividades supuestamente delictivas de las empresas del Grupo Vendex en Galicia --así como en Cataluña y en Baleares-- para conseguir concesiones irregulares. En ella llegaron a estar imputadas en torno a medio centenar de personas, incluidos varios políticos que ya dejaron de ser alcaldes y concejales.
El caso Vendex investiga supuestos delitos de tráfico de influencias, falsedad documental, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales, que se atribuyen a este grupo empresarial con domicilio social en Madrid y liderado por Gervasio Rolando Rodríguez Acosta.
La jueza Pilar de Lara cuantificó en 295 millones de euros los beneficios que supuestamente obtuvo el grupo, pero en su pronunciamiento el Supremo le reprocha que "no están determinados los perjuicios, limitándose la resolución a sumar el importe de las contrataciones adjudicadas".
