Las negociaciones entre la Xunta, la patronal del juego y colectivos sociales para discutir las alegaciones que se incorporarán a la nueva Lei do Xogo se han tensado sobremanera con los ajustes introducidos en el anteproyecto normativo. La principal causa de roce es la obligación, no recogida en el borrador inicial pero sí plasmada en la última redacción, de exigir la instalación de un control remoto no ya en las máquinas de apuestas, sino en las tragaperras para activarlas. La Asociación Gallega de Empresas Operadoras acusaron ayer a la Xunta, tras la reunión de la Comisión del Juego de Responsable, de romper el consenso y rechazan "radicalmente" la implantación de un mando a distancia para activar las tragaperras. Argumenta que es un "ataque directo a la línea de flotación", que ha sobrepasado "la línea roja que pone en juego la viabilidad de las empresas" y que "supone la ruina para el sector".
El presidente de la patronal del juego presencial, Serafín Portas, aseguró que el sector, "por lealtad institucional y defensa del juego responsable", había aceptado numeroso puntos que incluso le perjudicaban, como la paralización de apertura de nuevos negocios, la ampliación de las distancias entre los locales de juego y los colegios o el aumento de los controles para impedir el acceso a los menores, pero que el mando a distancia de las tragaperras "es la puntilla".
Esta medida, continúa Portas, "no ha sido reclamada para las máquinas recreativas ni por jugadores, ni expertos en problemas con el juego ni colectivos, y carece de sentido porque nunca han supuesto ningún problema en los más de 40 años que llevan presentes en los bares por su premio moderado y además no son atractivas para los jugadores más jóvenes, por lo que estamos sufriendo los daños colaterales de la proliferación de terminales de apuestas en Galicia, avaladas por la Xunta".
Añade que apenas quedan 8.400 tragaperras operativas frente a las 20.000 de los años noventa, que el problema está en las apuestas deportivas y on line y que "la alarma social y política ante el juego no se corresponde con la realidad", porque, dice, el sector en Galicia se comporta de forma responsable y sin incidencias de ningún tipo.
La Xunta, por su parte, asegura que trabaja en la búsqueda de "consenso" con el objetivo de "proteger" a los grupos "más vulnerables" y que el nuevo texto legal trata de actualizar el control de estas prácticas para que "solo jueguen" personas mayores de edad que no se encuentran en "situación de vulnerabilidad" y que no lo hagan aquellas que "no pueden o no deben hacerlo".
