La Xunta sigue en su cruzada para combatir el abandono de tierras agrarias o su conversión en terreno forestal, de menor valor y producción que las dedicadas al cultivo y a la ganadería. La última medida se ha tomado durante el debate parlamentario de la Lei de Patrimonio Natural, que ya está lista para su aprobación definitiva. El Gobierno gallego ha aprovechado su tramitación para introducir una modificación en la Lei de Montes de 2012 y endurecer los requisitos que permiten a un propietario convertir una finca agraria en superficie forestal, teniendo que esperar en adelante el cuádruple de tiempo que lo que ahora marca la legislación vigente.
Este cambio de uso de la tierra. De hecho se considera una infracción grave y está multado con sanciones que oscilan entre los 1.000 y los 100.000 euros. Solo la Policía Autonómica abre al año unos 200 expedientes contra dueños que deciden por su cuenta forestar tierras de producción agraria, a los que habría que sumar los incoados por la Guardia Civil y los agentes forestales de la Administración autonómica.
Detrás de esta práctica ilegal figura el abandono de la producción agraria, por despoblación y falta de relevo generacional, pero también el intento de los dueños de poner en valor unas tierras sin cultivar mediante plantaciones forestales. Pero revertir esta circunstancia, es mucho más difícil y costoso.
Una de las posibilidades que recoge le Lei de Montes para realizar plantaciones forestales es que las fincas agrarias permanezcan abandonadas durante al menos diez años de forma seguida, que los árboles hayan crecido y que formen parte de superficies forestales continuas de 5 hectáreas como mínimo. Pero la enmienda introducida hará mucho más difícil esta conversión. No bastará con diez años de abandono, sino que se exigirán nada menos que 40 y que además el 60% del área esté cubierta por árboles. Las demás condiciones de mantienen.
Fuentes del PP aseguraron que el objetivo, como otras medidas que se están tomando en este sentido, es "proteger el uso agrario de la tierra", en este caso aumentando el plazo para poder cambiarlo por terreno forestal o, simplemente, monte.
Aunque la Consellería do Medio Rural está elaborando conjuntamente con el PP una ley para poner en valor las tierras agrarias -el objetivo es poder aprobarla ya este mismo año-, fue la Consellería de Medio Ambiente la que impulsó, también a través del PP, la introducción de esta enmienda para modificar la Lei de Montes. Esta maniobra permite ganar unos meses de eficacia legislativa, si bien se tuvo que aprovechar la tramitación de la Ley de Patrimonio Natural para cambiar la de Montes, norma que a su vez será retocada con la de puesta en valor de tierras agrarias.
La despoblación en las zonas rurales y la falta de relevo generacional en muchas explotaciones ha llevado, desde hace ya cierto tiempo, a que los propietarios intenten sacar provecho de las tierras agrarias abandonadas realizando plantaciones forestales, un actividad -en este tipo de suelo- prohibida desde hace casi una década. Pero se sigue haciendo a pesar de la vigilancia y las denuncias que presentan los agentes cuando descubren una forestación ilegal. Sin embargo, la tarea de control no es fácil, dado que hay que ir fiscalizando finca por finca y en Galicia hay más de 11 millones de parcelas.
Precisamente, con el objeto de incrementar la eficacia de la lucha contra estas plantaciones, la Xunta realizará también un mapa de Galicia para "diferenciar la tierra agraria del monte" y así, con poco más que un vistazo a los planos, saber si un particular o empresa ha invadido suelo rústico de especial protección agropecuaria con sus pinos o eucaliptos.
Las "bases técnicas" de este mapa se recogerán en la futura ley de recuperación y puesta en valor de la tierra agraria, que establecerá la creación de un catálogo de terrenos de alta productividad agropecuaria y forestal, que determinará con precisión los límites de los montes y de la superficie agraria.
