El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha tomado una medida cautelar que hará aún más complicada la ya difícil venta del Pazo Meirás, cuyos propietarios, la familia Franco, lo tienen en una inmobiliaria por 8 millones de euros. El juez ha ordenado que conste en el Registro de la Propiedad que el conjunto histórico, ubicado en el municipio coruñés de Sada, está inmerso en una causa judicial. Este paso se dio nada más admitir a trámite el pasado 12 de julio la demanda presentada por la Abogacía del Estado para reclamar a la familia Franco la devolución del Pazo de Meirás.
Ese mismo día, el juzgado instructor acordó la adopción de las medidas cautelares solicitadas y ordenó la "anotación preventiva de la demanda en el Registro de la Propiedad". La demanda reclama la titularidad del inmueble para el Estado por su forma de adquisición, su administración mediante fondos y personal públicos, y el uso que se le dio durante la dictadura franquista.
La familia Franco había puesto a la venta el edificio y los terrenos a través de una inmobiliaria de lujo cántabra, en la que se ofertaba el histórico inmueble que fue utilizado como residencia de verano por Francisco Franco por una cantidad de ocho millones de euros.
La medida cautelar adoptada por el juzgado no bloquea directamente la venta, aún sí en la práctica, ya que es toda una advertencia para el eventual comprador, en el sentido de que tendría en el Registro de la Propiedad una notificación de que está en marcha una demanda judicial que podría derivar en un cambio de titularidad de la propiedad.
La denuncia contra los herederos del dictador ha sido presentada el miércoles pasado en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña por la Abogacía del Estado, argumentando que la compra del inmueble por parte del dictador en 1941 fue "simulada y fraudulenta", según el Ministerio de Justicia.
El estudio jurídico realizado la Abogacía del Estado ha sacado a la luz un documento que demuestra que Francisco Franco "falseó el título con el que inscribió el Pazo a su nombre en el Registro de la Propiedad". Los hechos en los que se basa la demanda se remontan al 3 de marzo de 1938, fecha en la que se constituyó la denominada Junta pro Pazo del Caudillo, que estaba integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña, entre otras autoridades, con el fin de adquirir un inmueble representativo en la provincia para ponerlo a disposición del autoproclamado jefe del Estado para su utilización como residencia veraniega.
El 3 de agosto de 1938 se otorgó la escritura de compraventa entre la entonces propietaria del Pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes (viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán), y la Junta pro Pazo del Caudillo, por un precio de 406.346 pesetas.
Esta escritura, desconocida hasta el momento, fue localizada por la Abogacía del Estado en el curso sus trabajos. "La financiación de la compra se planteó inicialmente a través de una suscripción popular, pero, al no dar esta el resultado esperado, se inició un proceso de recaudación forzosa que incluyó la detracción de nóminas de trabajadores y funcionarios, así como la aportación de fondos de las administraciones locales", argumenta.
