Las líneas de apoyo financiero a las empresas por parte de la Xunta conllevan riesgos. Apostar por proyectos emprendedores o rescatar firmas en dificultades económicas puede ser gravoso para las arcas públicas. De hecho, la Administración gallega tiene más de 27 millones de dudoso cobro. El Igape quiere dar más comodidades a las empresas para devolver los créditos que concede. Así, por un lado, se amplía de 12 a 25 años el plazo de amortización y también abre la posibilidad de refinanciar a quienes actúen de fiadores de los préstamos. De esta manera, el Ejecutivo gallego busca "facilitar la recuperación de estos créditos para el erario público".
La Xunta ultima el decreto que introducirá estos cambios en la política de préstamos del Igape. "La modificación facilitará el cumplimiento de las obligas de reembolso de los préstamos concedidos por el Igape a las empresas, con una mayor flexibilidad que facilitará la recuperación de las deudas", explican desde la Consellería de Economía.
El Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) tiene vigentes préstamos por valor de 121,5 millones de euros a un total de 216 empresas. La Xunta usa recursos del Banco Europeo de Inversiones, fondos de la UE y partidas de sus propios presupuestos para apoyar a emprendedores, empresas del sector audiovisual, industria 4.0 y proyectos innovadores .
El apoyo de la Xunta fue clave sobre todo durante la recesión económica cuando los bancos cerraron el grifo de los créditos y el tejido empresarial gallego se encontró con dificultades para financiar nuevos proyectos o para sortear las dificultades derivadas de la crisis.
Sin embargo, la concesión de créditos públicos no está exenta de riesgos. Algunas empresas quiebran antes de devolver el préstamo dejando un agujero en las cuentas de la Xunta y otras se retrasan en los pagos. En las cuentas anuales de las sociedades y fondos que gestiona Xesgalicia, dependiente del Igape, se advertía de que 27 millones de euros eran de "dudoso cobro".
No ayuda, sin embargo, la rigidez de los plazos establecidos para la devolución de los préstamos. La normativa vigente establece que como mucho el reembolso deberá producirse antes de 12 años.
La Xunta reconoce que "la experiencia de estos últimos años" ha demostrado que ese plazo de amortización es "insuficiente" y no se adapta a la capacidad de reembolso de las empresas o a la vida útil de los bienes financiados "lo que resulta imprescindible para que las empresas beneficiarias puedan mantener una estructura financiera equilibrada".
El plazo se queda especialmente corto cuando se hace modificaciones de préstamos para ajustar el calendario de reintegro a la capacidad de las empresas. Por esta razón, se ampliará a 25 años el límite legal máximo para devolver los créditos.
Pero éste no será el único cambio. La Xunta podrá refinanciar a los fiadores de los préstamos que ha concedido. Según aclara la Consellería de Economía, las obligaciones de reembolso frente al Igape se extienden en algunos casos a terceros que actuaron como avalistas del crédito. Se trata normalmente de socios o de otras personas relacionadas con la empresa.
La norma vigente solo permitía refinanciar a empresas, pero no a quienes actuaron de avalistas. "No se preveía la concesión de operaciones destinadas al refinanciamiento de deudas por préstamos anteriores con impagos, que permitan facilitar la recuperación por el erario público", señalan para justificar el cambio.
