En lo que será una pequeña revolución jurídica, la futura ley de recuperación y puesta en valor de tierras agrarias incorporará la facultad, ahora inexistente, de que la Xunta. Esta posibilidad tendrá rango de ley autonómica tras el aval que ayer le dio la Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia. El objetivo final es dotar a la comunidad autónoma de una herramienta para movilizar tierras abandonadas y recuperarlas de forma ágil para la producción agraria utilizando únicamente la arquitectura jurídica e institucional propia de la comunidad autónoma.
Actualmente, cuando por cualquier motivo hay que movilizar predios y no se conoce al propietario, se inicia un proceso de investigación para averiguar su identidad o su paradero. Y el procedimiento acaba, en caso de no identificarse al dueño, con el Estado asumiendo siempre la propiedad de esa finca sin que haya expropiación por el medio. Ese terreno podría transferirse posteriormente a una comunidad autónoma, pero tras un nuevo trámite largo, engorroso y complejo.
320.000
fincas sin dueño conocido en Galicia
+6.500
hectareas sin propietario
Lo que se pretende ahora es que todos estos procesos sobre tierras abandonadas sin dueño conocido acaben con las fincas en propiedad de la Xunta sin pasar por el Estado. Pero antes de llevarla a una ley, Medio Rural había solicitado un dictamen a la Comisión Superior de Dereito Civil de Galicia para comprobar si el Parlamento podía regular la atribución de bienes abandonados a la comunidad autónoma sin entrar en un conflicto de competencias con el Estado. El informe se solicitó el pasado día 14 de marzo y ayer, en una nueva reunión, emitió su dictamen favorable tras someter a debate y votación el informe.
No se pretende que todas las fincas abandonadas acaben en manos de la Xunta.
Ahora, el siguiente paso es recoger esta facultad en la futura ley de recuperación y puesta en valor de tierras agrarias que está elaborando el PP junto con la Xunta. La razón de que la redacción esté formalmente en manos del grupo parlamentario es que así se agiliza notablemente la tramitación, de forma que podría ser ya aprobada en su forma definitiva este año.
Según precisó Medio Rural, no se pretende ni mucho menos que todas las fincas abandonadas acaben en manos de la Xunta, sino solo aquellas que resulten de proyectos de movilización de tierras para sacarles valor y devolverles algún tipo de producción. Se calcula que al menos hay 320.000 fincas sin dueño conocido en Galicia, con una superficie que supera las 6.500 hectáreas, lo que dificulta cualquier plan de gestión o de explotación.
Los detalles, el procedimiento concreto, los plazos y los supuestos se recogerán en la ley y en los sucesivos reglamentos, así como las distintas iniciativas de movilización de tierras, que según el departamento de José González serán varias y que por eso se considera una herramienta útil que la comunidad autónoma pudiera asumir la titularidad de los bienes vacantes que se detecten en estos proyectos.
Una de las ideas para son los llamados polígonos agroforestales, una fórmula innovadora para dotar de tierras de cultivo a empresarios, ganaderos y agricultores que carecen de base territorial en la que poder desarrollar sus proyectos o actividades. Con ellos se pretende recuperar suelo productivo sin usar y ponerlo luego a disposición, en una unidad de grandes dimensiones, de las personas que quieran trabajar y vivir del sector forestal y el agroganadero. La previsión es movilizar 10.000 hectáreas distribuidos entre doce o quince polígonos repartidos entre las cuatro provincias.
El problema del minifundismo
Al característico gallego se suma el alto número de parcelas de dueño desconocido. Se calcula que al menos hay 320.000.
Movilidad de tierras para sacarle provecho
El objetivo que busca la Xunta es mayor agilidad para sacar provecho de tierras que están abandonadas y bloqueando proyectos de explotación.
Los detalles, pendientes todavía
Los supuestos de cambio de titularidad, detalles y plazos de actuación de esta facultad aún no se conocen.
