El retraso excesivo en el pago de facturas a proveedores del Servizo Galego de Saúde (Sergas) le ha costado a las arcas autonómicas un gasto extra de 2,66 millones de euros, cuyo pago ha sido financiado mediante el fondo de imprevistos de este departamento. La justicia impuso esa penalización tras la denuncia de las empresas que vieron pasar los días sin recibir el cheque procedente de la Xunta. Con este recargo, esta clase de dilaciones han supuesto un desembolso adicional de 24,4 millones de euros desde 2015.
El Sergas se vio obligado el pasado mes de abril a solicitar fondos extra para abonar los "intereses de demora por importe de 2.660.000 euros generados como consecuencia de sentencias judiciales que condenan a este organismo al pago de los intereses por el pago tardío del principal a diversos proveedores", según la documentación financiera sobre una operación autorizada por la Consellería de Facenda.
Para financiar el pago, el Sergas recibió el 100% de esa cantidad de su fondo de contingencias. Esa misma operación y por el mismo motivo fue realizada en 2018, 2016 y 2015. Entonces, las cuantías para indemnizar a los proveedores por la excesiva tardanza en saldar sus deudas ascendieron a 2,2, 8,7 y 10,8 millones de euros, respectivamente. En 2016, la Consellería de Sanidade vinculó los dos primeros casos a facturas de servicios y material contratados entre 2011 y 2013 -período en que estuvieron al frente del departamento Pilar Farjas y Rocío Mosquera-. Entonces, fuentes autonómicas aseguraron que aquellos problemas se habían solventado. Pese a ello, las sentencias judiciales se repitieron y obligaron al pago de indemnizaciones en julio del año pasado y en abril de este ejercicio.
Estos casos contrastan con las estadísticas que colocan a Galicia como la comunidad que más rápido paga sus facturas. El pasado mes de abril, su período medio de pago a proveedores se situó en 14,2 días, menos de la mitad de los 34,8 de media autonómica, según el Ministerio de Hacienda. En el caso concreto del ámbito sanitario, solo Andalucía presenta un mejor balance, con ocho días. La Xunta registra 10,3 frente a las 38,3 de media de las comunidades.
La legislación obliga a todas las administración a abonar sus facturas en 30 días reales desde que estas han sido registradas en sus dependencias. En abril del año pasado se modificó la normativa para reducir ese plazo, hasta entonces situado también en un mes, pero que empezaban a contar 30 días después de que cada institución recibiese el albarán. El plazo real, por tanto, era de dos meses. Ahora esa moratoria inicial ya no existe.
La sanidad es el principal destinatario de fondos de la Xunta, de cuyo presupuesto copa el 44%. Normalmente es insuficiente. El año pasado, por ejemplo, recibió 305,3 millones extra para pagar sustituciones, medicamentos y material.
