Los ayuntamientos gallegos sumaron el año pasado otro argumento para presumir de su salud financiera, pues en ese período rebajaron su deuda 77 millones de euros hasta situarla en 251. El 26 mayo se celebraron elecciones municipales, por lo que los datos del pasado ejercicio permiten realizar un balance del último mandato. En esos cuatro años, los concellos redujeron un 57% el dinero que adeudaban a los bancos y otras entidades, que ascendía a casi 584 millones al inicio de 2015, año en que se eligieron las corporaciones que cerraron recientemente su ciclo.
Los municipios acumulan siete años consecutivos de números positivos, con más ingresos que gastos, una hoja de servicios general motivada principalmente por las obligaciones legales establecidas por el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) tras llegar a la Moncloa en 2011. En plena crisis y con el fantasma de la intervención absoluta de la economía española, el Ejecutivo decidió recortar drásticamente el gasto público ante el desplome de los ingresos y así tratar de embridar el déficit y el consiguiente aumento de deuda. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada en 2012 obligó a las administraciones a cuadrar sus cuentas, priorizando el pago de deuda y limitando el aumento de inversión a la previsión de crecimiento económico -la conocida como regla de gasto-. En caso de superávit, los concellos debían ajustarse a múltiples restricciones para invertir sus fondos, limitaciones rebajadas parcialmente a comienzos del año pasado también con el PP al frente del Gobierno.
Los corsés legales determinaron la reducción de la deuda municipal en mayor medida que la propia gestión de los consistorios, pues el que se saltase las reglas era conminado a ajustarse a ellas mediante recortes, como hicieron 42 entidades el año pasado. De rebelarse, el Ministerio de Hacienda podía retenerles fondos o incluso intervenir sus cuentas, medida que aplicó al ayuntamiento de Madrid dirigido por Manuela Carmena en por vulnerar la "regla de gasto", pese a mejorar sus cuentas.
La deuda acumulada por los municipios de Galicia fue descendiendo gradualmente de 583 millones en 2014 a 518 en 2015, 420 en 2016, 328 en 2017 y 251 el año pasado, según los últimos datos del Ministerio de Hacienda. La reducción en ese período es del 57%, superior a la media estatal del 34% (de 31.722 millones a 20.952).
Ese balance se produjo a pesar de la inestabilidad política del último mandato municipal, marcado por la fragmentación de fuerzas. De hecho, más de la mitad de concellos llegaron a los comicios del 26-M sin haber logrado aprobar un presupuesto para el presente ejercicio. Ourense, por ejemplo, no logró sacar adelante ninguno durante el mandato.
Las tres ciudades coruñesas aumentaron en estos años su cuota de la deuda acumulada por las siete urbes. Santiago, A Coruña y Ferrol fueron gobernadas por las mareas, que en mayo perdieron el poder, e iniciaron este año con 75,7 millones de carga financiera, que representa casi el 80% de los 86,3 millones de las siete urbes. Al cierre de 2014, estas sumaban 236,4 millones, de los que el 62% correspondía a las urbes coruñesas.
Aun así, las "alcaldías del cambio" suman una rebaja de la deuda heredada del 48%. A Coruña pasó de 75,6 millones pendientes a 46 (-39%); Santiago, de 42,1 a 19,6 (-53,4%); y Ferrol, de 28,5 a 10,1 (-64,5%).
Vigo y Ourense son las únicas de las siete con deuda técnica cero tras cerrar 2014 con 22,3 y 28,5 millones, respectivamente. Por su parte, Lugo adeuda 1,7 de los 23,8 de entonces. El descenso es del 43,5% en Pontevedra, que pasó de 15,6 a 8,8.
En el caso de las diputaciones, la de A Coruña sigue sin cargas. La de Pontevedra las rebajó de 53,8 millones al cierre de 2014 a 11,7; la de Ourense, de 36,9 a 6,3; y la de Lugo, de 18,6 a 3,9, según Hacienda.
