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La Xunta refuerza el tribunal de contratación pública ante la alta litigiosidad de las empresas

Entre enero y mayo se presentaron ya 122 impugnaciones frente a las 161 registradas en 2018, primer año de funcionamiento

Comenzó a funcionar hace un año y ahora necesita reforzar su personal ante la elevada carga de trabajo. Se trata del Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia (Tacgal), el órgano que dirime en primera instancia los conflictos que presenta el sector privado contra la licitación y adjudicación de contratos públicos de la Xunta, diputaciones provinciales, ayuntamientos y universidades. Es tal el ritmo de recursos presentados y en tendencia creciente, debido a una cada vez mayor litigiosidad por parte de las empresas, que el personal ya no da abasto y por eso la Consellería de Facenda ha abierto un proceso para reforzar la plantilla.

Entre enero y a mediados de mayo se han presentado ante el Tacgal nada menos que 122 recursos contra procesos de contratación pública. De seguir esta progresión, el año acabaría en unos 300, cifra que casi dobla los registros del pasado año, 161 en total, si bien el tribunal comenzó a funcionar en abril.

"Este año se van a superar ampliamente las cifras de 2018, motivo por el cual la Xunta apuesta por consolidar y reforzar este tribunal con un servicio de apoyo, lo que redundará en un funcionamiento más ágil", explica Facenda.

De la misma forma que existe un tribunal administrativo al que acudir cuando un contribuyente está disconforme con la liquidación de un impuesto, las empresas -aunque también pueden hacerlo particulares- disponen de otro órgano similar para pleitear específicamente por vía administrativa las adjudicaciones de contratos públicos.

Estas batallas se resolvían desde noviembre de 2013 hasta abril de 2018 en el Tribunal Central de Recursos Contractuales, creado en 2010 y adscrito al Ministerio de Hacienda. Pero su funcionamiento era bastante lento por la alta carga de trabajo, debido a que atendía las demandas de toda España, y además mientras no se resolvía el litigio, la adjudicación quedaba en suspenso durante un periodo de varios meses. Esto fue lo que llevó a la Xunta a crear su propio tribunal de contratación, que entró en funcionamiento en abril del pasado año.

"Esta iniciativa permitió a ciudadanos y empresas pasar a poder presentar este tipo de recursos especiales en materia de contratación en Galicia en lugar de tener que hacerlo en Madrid ante órganos estatales, lo que se traduce en una mayor agilidad y proximidad al contribuyente", aclara la Consellería de Facenda.

Los 161 contratos impugnados el pasado año ante el tribunal gallego alcanzaron un valor de 892 millones de euros. Las empresas intentan modificar los pliegos de condiciones para intentar sumar alguna ventaja sobre el resto de concursantes o revertir una adjudicación realizada a la competencia por considerar que es irregular.

En la mayoría de los casos, el Tacgal acaba dando la razón a la administración, pero en casi un tercio (el 31%) de las resoluciones se estima total o parcialmente el argumento de la empresa, lo que obliga, dependiendo del caso, a proceder a una nueva adjudicación, a modificar los pliegos de condiciones o a realizar una nueva puntuación de las ofertas.

Quizás el caso más exagerado fue la licitación del servicio de transporte urgente aéreo del 061, sometido a litigio durante todo 2018 entre dos empresas que pujaban por un contrato que supera los 10 millones de euros. Pues resulta que los dos helicópteros se han adjudicado tres veces y las tres fueron anuladas en 2018 por las sucesivas impugnaciones presentadas.

Algo más de la mitad de los recursos (el 54%) van dirigidos contra la Xunta, ya que es la administración con más gestión de fondos. Los ayuntamientos y diputaciones fueron objeto del 39,8% de las impugnaciones y las universidades, solo del 6,2%.

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