La ley para reclamar la transferencia de las competencias de tráfico, circulación y seguridad vial para Galicia superó ayer el penúltimo escollo parlamentario con la aprobación, por unanimidad, de la propuesta en comisión. El siguiente paso es ratificarla ya de forma definitiva en el pleno de la Cámara, algo previsto para dentro de dos semanas.

Pero luego habrá que defenderla en el Congreso de los Diputados y votarla. Y ahí, pese a estar presentes los mismos partidos mayoritarios, el trámite se presume más complicado, por no decir que acabará en fracaso, como ya sucedió en 2008 con esta misma demanda.

La proposición, presentada por el PSOE, fue admitida a trámite el pasado mes de febrero por el Parlamento gracias a la abstención del PP, que ayer mantuvo su postura de "no obstaculizar" la tramitación de la ley pese a que considera que existen "otras prioridades" para el "autogobierno" de Galicia, como que el Gobierno central envía a Galicia los 700 millones de pendientes de las transferencias a cuenta, del IVA de 2017 y del incentivo a las comunidades cumplidoras con el déficit; la llegada del AVE o el traspaso de la AP-9.