Con el fin de afrontar "el mayor desafío de Galicia a medio y largo plazo", el Gobierno autonómico inició ayer la tramitación de la que será la primera ley de España de impulso demográfico, que incluye tanto medidas ya en vigor como otras de nuevo cuño y que de la misma forma que busca incrementar la natalidad, también aspira a combatir la despoblación mediante el fomento del retorno de emigrantes, que de hecho es una de las principales líneas de actuación. La futura norma prevé un gasto anual de 700 millones de euros para enfrentarse a la crisis demográfica, sumando las partidas correspondientes a programas que ya están en vigor y los que se desarrollarán con la ley una vez se apruebe a finales de este año.

La norma actuará como un "paraguas" para todas las iniciativas que se tomarán en un futuro inmediato, por lo que a estas alturas, y dado que todavía se trata de un anteproyecto, están sin definir al detalle. "A partir de su aprobación", indicó el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, "se concretará el alcance de su contenido y medidas". Ni él ni la conselleira de Política Social, Fabiola García, pudieron precisar cuál será el impacto económico de las nuevas medidas, remitiéndose a los 700 millones de gasto total anual. Lo que precisó la Xunta es que la ley sí blindará la partida destinada a política familiar, de unos 100 millones de euros, para que nunca sea inferior a esta cantidad.

Desde 1976 se ha registrado en Galicia un descenso continuo del número de nacimientos. Son ya cuatro décadas de caída sin fin. Y la tasa de fertilidad de las gallegas es 1,12 -una de las cifras más de bajas de Europa-, que mide el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil.

| Solución más rápida. Una de las principales acciones recogidas para frenar la despoblación se centra en fomentar el retorno de emigrantes gallegos -más de medio millón repartidos por el mundo-. "Es la solución más rápida, más eficiente y más pragmática", destacó Feijóo, recordando que en 2018 la llegada de residentes procedentes del extranjero "fue la única forma de disminuir el impacto negativo entre nacimientos y defunciones en Galicia". La razón de esta apuesta por el retorno, para lo que la Xunta todavía no ha puesto cifras concretas al gasto que significará, es que no solo nacen menos hijos, sino que también cae la cifra de mujeres en edad fértil. "Cada vez hay menos y este problema no va a disminuir, sino que se va a acrecentar", comentó el presidente. Se buscará que los retornados puedan acceder en igualdad de condiciones a los programas públicos de la Xunta y mediante una oficina se les informará de las oportunidades laborales que existen en Galicia.

| Esfuerzo municipal. La Xunta quiere que los concellos y las diputaciones se involucren en el impulso demográfico, especialmente en el rural, por la vía de rebajar algunos impuestos y tasas para atraer población. Y para estimular su esfuerzo, dentro del Fondo de Cooperación Local, dotado con 120 millones anuales, el Gobierno gallego quiere reservar una partida específica para distribuirla entre las instituciones locales que adopten medidas, tanto propias como complementarias a las autonómicas, para fijar o ganar población. Pero primero se tendrá que negociar con la Fegamp.

| Compromiso empresarial. La Administración autonómica habilitará incentivos para las empresas que adquieran compromisos con el territorio, para fijar población en el rural, o cuenten con programas de conciliación. Obtendrán más puntos en las licitaciones de contratos públicos a las que se presenten.

| Otras medidas. Sin entrar en detalles, el enunciado de la futura ley pretende implantar la "gratuidad" del autobús para los menores de 19 años, ampliar la Tarxeta Benvida para los nuevos nacidos en el rural, fomentar la instalación de cambiadores y salas de lactancia en los nuevos locales públicos, así como el uso de bancos de leche materno y el apoyo a la reproducción asistida, aplicar descuentos para las familias numerosas en las autopistas de titularidad autonómica, personarse en aquellos juicios por casos de discriminación laboral por razón de maternidad o paternidad, recomendar a las televisiones adelantar el horario de prime time, u obligar a tener todas las vacunas infantiles para acceder a una plaza de guardería financiada con fondos públicos.