En un escenario en el que Galicia presenta los datos más negativos de natalidad, con las cifras más bajas de la historia y la mayor diferencia con las defunciones, que ya doblan a los nacimientos, el Gobierno gallego aprueba hoy el anteproyecto de Ley de Impulso Demográfico con la pretensión no ya de darle la vuelta a la situación, sino de corregir una tendencia que parece no tener freno. Entre las medidas novedosas que prevé la norma, figura la opción de que la Xunta se persone como acción popular en las causas judiciales que se abran por acoso laboral o cualquier otro tipo de discriminación por el mero hecho de ser padre o madre.
Esta actuación, en todo caso, siempre será bajo la condición previa de que la persona afectada autorice que la Administración autonómica le preste esta ayuda cuando se formule la denuncia. Se trata de la mismo apoyo, a efectos jurídicos, que el que presta la Xunta actualmente en los juicios por violencia de género.
Lo que dice la ley, que ahora inicia una tramitación que todavía va a durar meses, es que el Gobierno gallego, "en defensa los derechos de los víctimas", podrá ejercer la acción popular "en los procedimientos penales por delitos de discriminación derivada o por razón de la situación familiar como consecuencia de la maternidad o paternidad".
| Educar en demografía. Sin concienciación social no parece que las políticas de incentivo de la natalidad den mucho resultado. Por eso, la ley prevé formar en demografía a los alumnos, al cuerpo docente y hasta a los funcionarios. Para ello, la Xunta incorporará contenidos sobre demografía en el currículo educativo para que los alumnos conozcan las consecuencias de la despoblación y del envejecimiento en una sociedad. Esta acción irá acompañada de una formación específica para los profesores además de impulsar investigaciones en materia demográfica en el sistema universitario gallego. Y también se formará a los empleados del sector público autonómico, de manera que sea una condición a tener en cuenta para la promoción profesional. "Queremos convertirnos en una comunidad de expertos en demografía", sostiene la consellería de Política Social.
| Saldo vegetativo por concellos. Las administraciones públicas de Galicia deberán emprender campañas para sensibilizar a la sociedad sobre el cambio demográfico y sus implicaciones, así como sobre los beneficios de atraer nueva población a la comunidad autónoma. Y además, la Xunta informará pública y periódicamente del saldo vegetativo de cada concello, esto es, la diferencia entre el número de nacimientos y el de defunciones. Los datos se difundirán a través del Diario Oficial de Galicia. Ambas medidas, incluidas en la futura ley, buscan concienciar a la sociedad en general sobre la crisis demográfica.
| "Tarxeta benvida" ampliada. Desde el año 2016 funciona la llamada "Tarxeta benvida", por la cual cada recién nacido recibe una ayuda anual de 1.200 euros para la compra de productos básicos, como leche y otros alimentos infantiles, pañales, ropa, cunas o artículos de higiene o farmacéuticos. La intención de la Xunta, según avanzó la pasada semana su presidente, Alberto Núñez Feijóo, es ampliar estas ayudas para los nacimientos que se produzcan en el rural, si bien no las ha concretado.
| Cambiadores en los baños. La ley obligará a instalar cambiadores de bebés en todos los baños, tanto en el de mujeres como en el hombres, salvo que haya un tercer cuarto de utilización mixta. Así será en todos los edificios y establecimientos de uso público de nueva construcción, ya sea de titularidad privada o de una administración. Para los inmuebles ya existentes, la Xunta habilitará líneas de ayuda para proceder a las reformas. En estos edificios, además, si cuentan con plazas de aparcamiento, se deberá reservar una parte para las familias con hijos menores. Serán más amplias y se ubicarán cerca de los accesos a la zonas comunes, pero no se podrán habilitar a costa de las destinadas a conductores con minusvalía.
| Escuelas para hijos de funcionarios. La Ley de Impulso Demográfico también llegó ayer al Parlamento. La Cámara rechazó, con los votos de PP, la creación de escuelas infantiles en los centros de trabajo de la Administración autonómica. La iniciativa partió del socialista Juan Díaz, quien pedía la elaboración, en un plazo máximo de seis meses, de una propuesta para la implantación de servicios de escuelas infantiles para el personal funcionario de la Administración autonómica que presta sus servicios en Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense y Lugo.
La diputada popular Raquel Arias argumentó que "todo el personal que trabaja en las siete grandes ciudades en los centros administrativos tiene plazas en escuelas infantiles para sus hijos", en Vigo y Pontevedra "en el recinto", mientras que en el resto "dentro de la ciudad donde trabajan sus padres". Arias defendió, en todo caso, que una vez aprobada la ley se hiciera una propuesta, con los sindicatos, para ampliar los servicios de conciliación y censuró la negativa del PSOE de apostar por esta opción.
