La Cámara autonómica aprobó ayer, con los únicos votos del PP, una iniciativa de apoyo a una proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal que el PP defenderá en el Congreso de los Diputados. En Marea y el Bloque se opusieron a esta medida, pero el PSOE optó por la abstención. "Combatir el alarmante y creciente problema de la ocupación de viviendas, luchar contras las mafias y la delincuencia asociadas a la misma y garantizar así la propiedad privada, la convivencia y la seguridad, son los motivos principales que impulsan esta medida normativa", defendió la viceportavoz del grupo parlamentario del PP, Paula Prado.

La propuesta se debatió el martes, pero la votación se formalizó ayer. Entre otras medidas se establece, si la ley va adelante, que el ocupante ilegal no gozará de protección de morada o domicilio, que la Policía pueda desalojar la vivienda ocupada en un plazo exprés de 12 horas, refuerza el delito usurpación y recoge que la ocupación ilegal no podrá dar lugar a la inscripción de los ocupantes en el padrón municipal.

La proposición reclama a las fuerzas políticas con representación en Galicia "que den su aprobación a la normativa antiokupa pionera en España" por ser necesaria para corregir "un grave problema social y de convivencia generado por estas actividades ilegales contrarias al derecho de la propiedad privada".

Desde el PSdeG, Patricia Vilán recordó que el Parlamento gallego no tiene "competencia" al respecto de la modificación del marco legislativo referente a vivienda por lo que este tipo de iniciativas tendrían que ser debatidas en el Congreso y en el Senado. En opinión de la socialista, esta propuesta del PPdeG es un "remake, raro y malo" que los populares utilizan en la Cámara gallega porque cuentan con mayoría absoluta y no así en el Congreso donde "solo tienen 66 diputados".

El pleno parlamentario también aprobó una iniciativa, después de una transacción entre el PP y el PSOE, en la que se insta a la Xunta para que se dirija a todos los ayuntamientos con el fin de facilitar la aplicación de lo recogido en la Lei do Solo de Galicia para valorar la calidad arquitectónica de los edificios.

No fue posible el acuerdo, sin embargo, para impulsar la ley gallega por la igualdad de trato y no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. A dos días antes de la conmemoración del Día del Orgullo, la diputada del BNG Olalla Rodil defendió una proposición no de ley a través de la que buscaba "estimular" a la Xunta ante la "falta de voluntad del Partido Popular" que "ni aplica ni desarrolla en su totalidad la ley". Pero evidentemente, la iniciativa fue rechazada.