El Consello de la Xunta acaba de aprobar el borrador de la primera ley de España de Impulso Demográfico cuyo objetivo es corregir la caída constante de la natalidad desde 1976 y que el Gobierno gallego considera “el mayor desafío a medio y largo plazo de la comunidad”. La norma actuará como un “paraguas” para todas las iniciativas que se tomarán en un futuro inmediato, por lo que a estas alturas, y dado que todavía se trata de un anteproyecto, están todavía sin definir al detalle. “A partir de su aprobación”, ha indicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, “se concretará el alcance del contenido y medidas”.
En todo caso, la norma prevé un gasto anual de 700 millones de euros en políticas contra la despoblación, sumando las partidas correspondientes a programas que ya se están aplicando y las que se derivarán de la futura ley, pero tanto Feijóo como la conselleira de Política Social, Fabiola García, han indicado que por el momento no pueden determinar el impacto económico que tendrán las medidas de nuevo cuño.
Como principal programa para frenar la despoblación, la Xunta se centra en fomentar el retorno de emigrantes gallegos. “Es la solución más rápida, más eficiente y más pragmática”, ha destacado el presidente de la Xunta, recordando que en 2018 la llegada de residentes procedentes del extranjero “fue la única forma de disminuir el impacto negativo entre nacimientos y defunciones”.
La razón de esta apuesta por el retorno, para lo que la Xunta todavía no ha puesto cifras concretas al gasto que significa, es que no solo nacen menos hijos, sino que también cae la cifra de mujeres en edad fértil. “Cada vez hay menos y este problema no va a disminuir, sino que se va a acrecentar”, ha comentado el titular del Gobierno gallego.
La Xunta quiere implicar en la lucha contra la crisis demográfica a los concellos y a las diputaciones, por los que los invitará a participar en el desarrollo de programas para ganar población, como rebajando algunos impuestos o tasas para fijar y atraer a nuevos vecinos. Y dentro del Fondo de Cooperación Local, dotado con 120 millones anuales, la intención del Gobierno gallego es reservar una partida para distribuirla entre los ayuntamientos que apliquen medidas de impulso demográfico, tanto propias como de complemento de las ayudas autonómicas.
El Gobierno gallego quiere enviar el proyecto de ley al Parlamento en octubre, con la intención de que el texto legal se pueda aprobar de forma definitiva antes de acabar el año. Pero ahora se inicia la fase de información pública para recibir alegaciones.
