Un tribunal popular ha determinado que Francisco Javier M.B., el funcionario de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra acusado de haber pedido dinero a varias mujeres por tramitar sus permisos de residencia en España, es culpable de un delito continuado de cohecho.

El veredicto de culpabilidad, que los miembros del jurado han adoptado por siete votos a favor y dos en contra, se ha alcanzado tras apenas cuatro horas de deliberación y a pesar de que el interesado se declaró inocente en el juicio celebrado anteayer en Pontevedra.

Con su dictamen, el jurado considera probado, por lo tanto, que pidió, al menos a cuatro personas, un "regalito" para tramitar sus respectivas autorizaciones de residencia en España, aunque solo dos de ellas le habrían pagado entre 50 y 150 euros, informa Efe. Los hechos considerados probados según el veredicto corresponden a 2016.

La Fiscalía pedía inicialmente para el empleado público encausado un total de cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación, aunque al final el Ministerio Fiscal ha rebajado de cuatro a tres años de cárcel la petición de condena para este funcionario y no ha aclarado los años que debería cumplir de inhabilitación especial para empleo o cargo público desde los ocho iniciales. Ahora son los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra los que se encargarán de determinar la condena.

El abogado de Francisco Javier M.B., que pedía al principio que su patrocinado fuese declarado no culpable y absuelto, tras conocer el veredicto de culpabilidad ha solicitado que su cliente sea condenado a dos años de prisión y, por lo tanto, no deba entrar en la cárcel al no tener antecedentes penales.

Fuentes consultadas por Efe han señalado que si el funcionario es inhabilitado por esta sentencia perderá su puesto de trabajo y, si quiere volver a ejercer una vez pasado el periodo de tiempo que se determine, deberá aprobar de nuevo la oposición.

En el juicio que tuvo lugar anteayer en Pontevedra, el acusado negó los cargos. "No pedí ni recibí nunca nada", señaló ante el tribunal del jurado de la Audiencia de Pontevedra, pero reconoció que, en alguna ocasión, "bromeó" por teléfono sobre posibles pagos. Añadió que él se limitaba a ofrecer información y recoger la documentación prestada, y que los cobros se realizaban a través del banco. Su letrado incidió durante la vista que "no hay prueba ni dato objetivo" que permita asegurar que su representado pidiese o recibiese dinero.

No obstante, dos testigos que comparecieron ante el tribunal declararon que el acusado les indicó que "iba a necesitar su ayuda y que le diese un regalito", concretando que se trataría de dinero. Otra mujer también indicó que le habría pedido dinero, pero indicó que no llegó a pagarle, y otra supuesta víctima dijo que le entregó 150 euros.

Cinco compañeros de trabajo del acusado que también testificaron en la causa afirmaron que no detectaron nada raro en sus gestiones ni tampoco quejas. Para el fiscal, sin embargo, tras la vista, quedó demostrado el delito de "cohecho" y aseguró que con solicitar el dinero ya era suficiente.