Galicia dispone ya de su primer anuario de estadística forestal. Lo presentó ayer en comisión parlamentaria la Consellería do Medio Rural, al que se sumará otro de informe de actualización continua sobre la evolución de las masas arbóreas. Entre los datos que recoge en estudio figuran los relativos al movimiento económico de las comunidades de montes, un colectivo formado por casi 3.000 entidades que gestionan 664.000 hectáreas en la comunidad y que notificaron unos ingresos en 2017 de 59,85 millones de euros por la venta de madera o biomasa. Pero resulta que el 40% de las comunidades (1.135,en concreto) no comunicaron a la Xunta ni los ingresos ni la obligatoria reinversión que tienen que hacer en el monte y que como mínimo debe ser el 40% de los beneficios que genere la actividad forestal o de silvicultura.

Por tanto, no se sabe si estos propietarios reinvierten -como se exige por ley- o no la parte proporcional del dinero que sacan por la explotación del monte. Otras 69 comunidades tampoco respetan obligaciones administrativas como informar de la composición de la juntas rectoras o la falta del censo actualizado de comuneros.

El mayor grado de inclumplimiento de las obligaciones administrativas se registra en la provincia de Ourense, donde el 52% de las comunidades no facilita información a la Xunta. Le sigue Lugo, con un 46% de absentismo. Mientras, en A Coruña respetan las obligaciones el 74% y en Pontevedra, la más cumplidora, el 81,7%.

Por tanto, esos casi 60 millones de euros que declaran como ingresos solo corresponde a las 1.790 entidades que están al día en sus cuentas, las mismas que declaran una reinversión de 26,6 millones de euros. Son las comunidadesde de la provincia de Pontevedra las más rentables de Galicia, con 77.562 euros declarada por cada una. Una cifra muy por encima de los registros en las otras tres provincias: 29.038 en Lugo, 29.059 en Ourense y 20.592 en A Coruña.

El anuario, aportado por el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, a la comisión parlamentaria, revela también que en Galicia hay 55.000 hectáreas de titularidad pública, una superficie que solo representa al 2% de la extensión de Galicia y de las cuales la mitad pertenece a la provincia de A Coruña.