A pesar de que el cobro de una pensión, el acceso a determinados servicios o el disfrute de beneficios fiscales, económicos, laborales o sociales depende de la obtención de un certificado de discapacidad que expide la Xunta, el 40 por ciento de los gallegos llamados para someterse a una valoración de su minusvalía no acudían a la cita. Y eso que, tal y como denuncia el Defensor del Pueblo, algunos llegan a esperar hasta dos años y medio (30 meses) para ser evaluados. Esta larga demora es una de las razones que explica que haya un número tan elevado de personas que planten a los equipos de valoración: las posibilidades de despiste o de que surja otro compromiso ineludible aumentan cuanto más tiempo pase. De ahí, que la Consellería de Política Social haya decidido cambiar su sistema de citas.

Así, el pasado mes de febrero se puso en marcha un servicio de confirmación y recordatorio de citas a través de SMS, de manera que dos días antes de la cita se le manda un aviso al interesado. Esto no solo ha permitido reducir el porcentaje de citas que se cancelan del 40 al 1 por ciento sino que ha mejorado la productividad de los profesionales puesto que hacen ahora el doble de valoraciones por día.

En su último informe el Defensor del Pueblo vuelve a alertar del "creciente número de reclamaciones" por las esperas que tienen que soportar en Galicia las personas con discapacidad para ser valoradas, trámite obligatorio para obtener el certificado que acredita una minusvalía superior al 33 por ciento y que, por lo tanto, le da derecho a acceder a determinados servicios y prestaciones.

Sin embargo, el comisionado reconoce que Política Social le ha informado ya de "un paquete de medidas" adoptadas para agilizar esta demora.

Además de cambiar el sistema de citas, se han reforzado los equipos de valoración. Durante nueve meses trabajaron, además de los 19 grupos establecidos, otros 14 más, que finalizaron su labor en febrero de este año. Y ahora el departamento de Fabiola García pondrá en marcha otros 16 equipos para agilizar las valoraciones.

Según explica Política Social, desde que se activaron estos refuerzos se resolvieron 30.000 expedientes y se redujo la lista de espera un 30 por ciento. En febrero de este año la espera rondaba las 14.000 personas.

El Defensor del Pueblo valora también que se exima a las personas con una incapacidad laboral reconocida por la Seguridad Social de someterse a la valoración de la Xunta para poder obtener el certificado de discapacidad. Sin embargo, Política Social aclara que, aunque esto se hizo así "durante un tiempo", una sentencia del Tribunal Supremo del pasado noviembre obliga de nuevo a la Administración autonómica a someter a una evaluación a estos pensionistas para tener el reconocimiento oficial de discapacidad.