El Plan Hidrológico Nacional exige a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes a elaborar planes de emergencia para afrontar eventuales episodios de sequía. Esta obligación está en vigor desde el año 2001, pero dieciocho años después en Galicia ningún concello ha hecho los deberes. Y este incumplimiento fue uno de los aspectos de la gestión municipal que ayer censuró en el Parlamento, en su comparecencia, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez. "Ningún municipio la ha realizado todavía", lamentó.
Pero también censuró el papel de algunos ayuntamientos en la gestión en materia de depuración y saneamiento de agua o, directamente, el abandono de la explotación de unas infraestructuras financiadas por la Xunta. En sus reproches, la conselleira mencionó casos como los de Vigo, Santiago, A Coruña y Vilagarcía, gobernados hasta ahora por el PSOE y las Mareas, aunque también se refirió al de Ribeira, en manos del PP.
En su intervención, Ethel Vázquez avanzó que la Xunta dará luz verde en las "próximas semanas" a la Ley de medidas de garantía del abastecimiento en episodios de sequía y situaciones de riesgo sanitario para remitir el texto al Parlamento tras el verano.
La conselleira reclamó "colaboración y cooperación" a los ayuntamientos por ser los que tienen "competencia exclusiva" para adaptar los sistemas de abastecimiento y poder garantizar agua en calidad y cantidad, a lo que contribuirá la Xunta con fondos.
Vázquez apeló a la necesidad de conseguir la implicación de todas las administraciones en este reto ante las consecuencias que puede tener para Galicia el cambio climático después de que la comunidad estuviese en alerta por sequía 15 meses, desde enero de 2017 hasta abril del 2018.
Con el objetivo de ser más eficientes ante riesgos de este tipo, la Xunta abrirá una convocatoria de ayudas para que los ayuntamientos de Galicia de hasta 50.000 habitantes puedan dotarse de un plan de emergencia ante situaciones de sequía, obligación ya vigente desde el año 2001 para los concellos de más de 20.000 habitantes.
El Ejecutivo concederá ayudas de 15.000 euros a cada pequeño municipio con el fin de financiar el 80% del coste de elaboración del plan de emergencia, lo que puede completarse con ayudas de otras administraciones para lo que ha demandado la implicación de las diputaciones. Al mismo tiempo demandó a los municipios que se ocupen de esta gestión, puesto que las administraciones locales "recaudan mucho" a través de las correspondientes tasas con impuestos que deben ser revertidos en la mejora del servicio. "Si no, expliquen ustedes a dónde van", retó a los concellos.
La conselleira también puso en valor el trabajo realizado por el Ejecutivo y destacó "el salto cualitativo" experimentado por Galicia en la última década en saneamiento, consiguiendo la capacidad para depurar las aguas residuales "de 3,3 millones de habitantes equivalentes, frente a los 1,8 millones del año 2009". Aprovechó este dato para criticar la dejadez que en su opinión han tenido los municipios de Santiago de Compostela y de Pontevedra con las depuradoras
Por su parte, la oposición cargó contra la estrategia de la Xunta que, según denunció, se limita a delegar responsabilidades en los entes locales pero no toma las medidas de calado para hacer frente al riesgo que supone la llegada del cambio climático. "No están haciendo ustedes nada bien", respondió Marcos Cal, de En Marea, quien además censuró los ataques a los municipios.
Por parte del PSdeG, la diputada Patricia Vilán reclamó medias inmediatas. "Necesitamos que desde la Xunta se tomen decisiones ya para que no se repitan situaciones como las de 2017 en las que se tuvieron que implementar medidas de control del agua", dijo. El diputado del BNG Luis Bará restó valor a la comparecencia de la conselleira, para el que la gestión del agua se reduce a una "doble P: parálisis y propaganda".
Gallego con rango de ley
En el pleno de ayer, por otra parte, los votos del PP tumbaron una proposición del BNG que pretendía elevar a rango de ley que el gallego figure como lengua vehicular en todos los niveles educativos y así "frenar la desgalleguización" que se está dando en la sociedad de Galicia a consecuencia de los cambios normativos impulsados por Feijóo. El PP sostuvo que el punto de partida de la propuesta es falso.
