Una vecina de Vigo se llevó hace unos años un disgusto al comprobar la diferencia económica entre el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que existía entre su vivienda en la ciudad olívica y la que poseía en Santiago. Con similares características, esta última suponía alrededor de 200 euros más de coste, sablazo que se repite cada ejercicio. El motivo principal no radica en la tasa impositiva de cada concello, sino en el valor catastral de cada vivienda. En el caso de Vigo, la referencia para valorar el inmueble data de 1990 mientras que en el caso de Santiago, de 2010. De hecho, más de la mitad de municipios gallegos -165 sobre un total de 313- cobra el IBI según valoraciones de los años 80 o 90, según los datos de la Dirección General del Catastro. Esta decisión es política y pretende evitar, según coinciden varios regidores, la previsible revuelta vecinal que supondría actualizar las cifras y disparar el recibo al contribuyente.
El IBI, conocido coloquialmente como catastro, es el impuesto que cada ciudadano paga por sus propiedades en el concello en que estas se sitúan y su cuantía depende de dos variables. Por un lado, el valor catastral de una vivienda, cuyo precio es fijado por la administración a través de un índice en función de su superficie o localización. A esa cifra -la base imponible- se le aplica el tipo impositivo de cada municipio, donde existe margen para subirlo o bajarlo. Suele rondar el 1%.
El aspecto más determinante en la factura es el valor catastral y su actualización puede disparar el coste de las propiedades de un ciudadano, pues existe una evidente diferencia entre el valor asignado a una propiedad en 1988, año de referencia aplicado en Marín, y el atribuido en 2014, como en Vilagarcía de Arousa.
Las valoraciones catastrales de los años 80 y 90 siguen vigentes en 165 concellos, de los que 26 se sitúan en Pontevedra, 68 en Ourense, 49 en Lugo y 22 en A Coruña. En el primer caso se trata de Baiona, Bueu, Cambados, Cangas, Crecente, Cuntis, Dozón, A Estrada, Agolada, O Grove, A Guarda, Marín, Mondariz, Mondariz-Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, O Porriño, Rodeiro, Salceda de Caselas, Soutomaior, Silleda, Tui, Vigo, Vilaboa y Vilanova de Arousa.
Entre las ciudades, Vigo mantiene el índice de referencia más antiguo (1990), seguida de A Coruña (1997), Lugo (1998), Pontevedra (2001), Ferrol (2004), Ourense (2006) y Santiago (2010).
Sin embargo, esto no significa que esos valores se encuentren congelados. Existe una fórmula que permite ir elevando poco a poco esos índices para tratar de acercarlos al precio de mercado sin que se produzca un catastrazo que deje temblando el bolsillo del contribuyente. Los concellos pueden solicitar esa vía al Ministerio de Hacienda, pero el ministerio también puede aplicarla de oficio.
Subida este año
La aplicación de ese "coeficiente de actualización" -que suele oscilar entre el 0,78% y el 1,13%- se aplicará este año al recibo de nueve municipios: Dumbría y Laxe, en A Coruña; Guntín, en Lugo; A Gudiña, A Rúa, A Veiga, Celanova y Vilamarín, en Ourense; y Vilanova de Arousa, en Pontevedra. Este último caso es curioso, pues suma cuatro años consecutivos aplicando esta clase de actualizaciones mínimas del valor catastral de los bienes inmuebles urbanos.
De hecho, el año pasado, su alcalde, Gonzalo Durán (PP), reconocía en declaraciones a este diario que descartaba adaptar ese índice a la actualidad porque "supondría un incremento muy grande del recibo para los vecinos".
Durante los últimos cinco años esta ha sido la vía aplicada por 133 concellos para elevar el valor catastral de las propiedades en sus entornos urbanos, según la relación que figura en las órdenes que aplican los coeficientes de actualización en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La recaudación municipal por el catastro se ha disparado en los últimos años debido a las subidas impositivas, las actualizaciones y los procesos para destapar bienes ocultos. De hecho, en 2017 -último dato cerrado- los concellos ingresaron por IBI urbano 479,5 millones de euros por este concepto, 83 más que en 2012, lo que supone un aumento de casi el 20%, según las estadísticas publicadas por la Dirección General del Catastro.
