La atención sanitaria en la red pública no es completamente gratuita, aunque un paciente cuente con cobertura total gracias a su aportación mensual a la Seguridad Social. Los cuidados en los servicios de urgencias tras un accidente laboral o de tráfico o a consecuencia de una lesión durante una competición deportiva organizada por alguna federación acarrean una factura que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) remite bien al paciente, bien a la mutua laboral o aseguradora correspondiente. La facturación por esta vía el año pasado creció 6,1 millones de euros respecto a la previsión de la administración hasta situarse en 58,5, diez más que el ejercicio anterior y más de veinte por encima de las cifras de 2006. De ellos, la Xunta pudo cobrar 46,2, pero inició el año pendiente de ingresar otros 12,2.
Determinadas actividades deben estar cubiertas por un seguro que cubra incidencias como la atención médica o daños materiales, caso de los vehículos de motor, pero también de las actividades deportivas y laborales. Pero si el Sergas no logra identificar a la aseguradora encargada de respaldar al paciente o este carece de póliza, la obligación de pagar los servicios sanitarios recibidos recae sobre el particular. Y el Sergas trata por todos los medios de cobrar, como podrían atestiguar los 580 pacientes que en octubre de 2015 recibieron la amenaza de embargo de sus bienes o nóminas si no abonaban los 385.000 euros que adeudaban entre todos por esta cuestión a la administración. Uno de aquellos ciudadanos tenía pendiente una factura de casi 38.000 euros. Además, otras cinco compañías de seguros recibieron misivas similares por obligaciones que sumaban 4.459 euros, según constaba en el DOG.
En 2012, el momento más crítico de la crisis económica, la Consellería de Sanidade decidió limitar lo máximo posible que el coste de sus servicios que correspondía a otros asumir acabase repercutiendo en unas cuentas públicas que en aquel momento sufrían recortes año a año. De hecho, desde que el popular Alberto Núñez Feijóo llegó a la Xunta en 2009, meses después del inicio del tsunami económico mundial, el tijeretazo a los recursos públicos alcanzó un máximo de 2.200 millones. El primer presupuesto autonómico que creció respecto al anterior fue el de 2014 tras cuatro años de recortes.
Tarifas más caras
La administración gallega aprobó en 2012 una orden para asegurarse el cobro de los gastos correspondientes a terceros y mitigar el agujero en sus finanzas, evitando asumir un gasto que no le correspondía. Estableció que si el paciente se negaba a identificar a su aseguradora o mutua debería abonar él la factura. Además, un año antes otro cambio estableció que el Sergas podría cobrar a un particular su atención médica si era consecuencia de un "uso irresponsable" del sistema público.
Además, incremento las tarifas de sus servicios, operación que repitió en 2014. La atención en urgencias cuesta desde entonces 256,87 euros; la estancia hospitalaria. 528,95 por día; el uso del quirófano para una operación, 1.030; y el despliegue de un helicóptero del 061, entre 7.992 y 8.049 por cada lesionado atendido.
Fondos pendientes
La ejecución presupuestaria del año pasado elevó en 6,1 millones la factura prevista de la atención sanitaria a terceros del Sergas, finalmente fijada en 58,5. De ellos, 26 millones correspondían a particulares (2,9 más de lo previsto); 13,1 a las compañías aseguradoras de tráfico (+1,1); 15,9 a las mutuas por los accidentes de trabajo (+1,48); y 1,58 a Muface, la mutua de funcionarios.
Al cierre del pasado ejercicio, estos colectivos todavía adeudaban al erario público 12,2 millones, según la información contable del Ejecutivo gallego. De ellos, los particulares tenían pendientes 5; las mutuas laborales, 3,6; las aseguradoras de tráfico, 2,7; y Muface, 131.000 euros.
La previsión de facturación a terceros de la Xunta para este año alcanza los 54,3 millones, según consta en sus presupuestos.
