La Xunta convoca ayudas para la contratación de 81 investigadores en universidades, centros tecnológicos y empresas gallegas. Se ofrecerán, por un lado, 67 becas a la etapa posdoctoral del personal investigador con un importe máximo de casi 50.000 euros anuales. Y además, dentro del programa Talento Sénior, pensado para retener o favorecer el retorno de profesionales de alta cualificación, se facilitarán otras catorce contrataciones.

Uno de los requisitos para optar a una de estas ayudas Sénior es tener al menos cinco años de experiencia en I+D+i. El objetivo es que se incorporen a empresas, organismos de investigación no universitarios o centros tecnológicos con un contrato indefinido o de duración igual o superior a tres años y siempre que su salario sea al menos de 40.000 euros brutos al año.

Estos catorce nuevos investigadores sénior se sumarán a otros diez ya fichados a través de este programa.

En cuanto a las becas postdoctorales hay dos modalidades: una que incluirá estancias en el extranjero (46 plazas) y la otra está dirigida al personal investigador a la que se le acabase el contrato y obtuviese una evaluación positiva (21 ayudas).

Los contratos serán en ambos casos de dos años y las becas serán de alrededor de 50.000 euros anuales. Con estos 67 nuevos contratos habrá 571 investigadores con beca postdoctoral trabajando en Galicia.

Al igual que en otras convocatorias caso de empate entre los candidatos, las mujeres tendrán preferencia. Y las bajas por maternidad de las investigadoras no computarán dentro de la duración del contrato.

El Consello de la Xunta acordó también iniciar el proceso de acreditación de los ocho campus especializados de las universidades gallegas. Se trata de un proceso abierto al que cada universidad se puede presentar cuando considere oportuno y que culminará con la firma de un convenio dotado económicamente en función de la propuesta que realice cada institución académica, así como de los expertos que hagan la evaluación.

Se nombrará a profesionales externos que serán los encargados de hacer el examen. Cada universidad deberá presentar un informe sobre el grado de especialización de sus campus, un informe de autoevaluación y un plan de viabilidade económica.