La delegación de la gestión tributaria municipal en otras instituciones, fundamentalmente las diputaciones, crece hasta convertirse en la opción predilecta por ayuntamientos de todos los tamaños y colores políticos, que sortean así un correoso trabajo administrativo a cambio de una pequeña comisión y se garantizan adelantos que garantizan su liquidez. De los 313 concellos de Galicia, 264 ceden total o parcialmente alguno de los trámites fiscales a otra administración, 33 más que en 2012. Se trata casi del 85% de los consistorios gallegos.
Las diputaciones provinciales ofrecieron por primera vez este servicio a los ayuntamientos a comienzos de la década pasada. Y poco a poco se ha ido consolidando, especialmente durante la crisis económica global que estalló a finales de 2008 tras la caída del banco estadounidense Lehman Brothers y que causó el desplome de los ingresos públicos, obligando a aplicar severos recortes a todas las administraciones.
En 2012, época de mayor dureza de la recesión, eran 231 municipios gallegos los que dejaban las tareas fiscales en manos de diputaciones y mancomunidades. Ahora son 33 más hasta sumar 264 -239 a diputaciones y 25 a mancomunidades- y el porcentaje ha crecido once puntos, pasando del 73,3% al 84,3%, según los datos de la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Del IBI a las multas
Esta elección concede ventajas a ambas partes. Los concellos se garantiza liquidez al recibir anticipos de las diputaciones por los ingresos fiscales correspondientes, por ejemplo, al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), al impuesto de actividades económicas (IAE), al impuesto de vehículos de tracción mecánica -conocido como rodaje- o a las multas de tráfico. Así no esperan a cobrar de forma efectiva ese dinero, por lo que resulta una vía preferible a contratar a una empresa privada. A cambio, ceden una comisión a la diputación de entre el 3% y el 5%.
En el caso de los consistorios más pequeños, la delegación de la gestión tributaria también les permite superar las dificultades de carecer de personal suficiente y cualificado. El año pasado, 70 ayuntamientos padecían déficit de funcionarios de alto nivel con habilitación estatal, requisitos para ejercer de interventor o tesorero, puestos encargados de fiscalizar los gastos e ingresos del municipio.
Las diputaciones no solo se benefician del cobro de una comisión, sino que también se blindan ante el impago municipal de fondos, por ejemplo, de alguna obra cofinanciada. En ese caso, el organismo provincial descuenta directamente la deuda de la recaudación antes de entregársela al ayuntamiento.
Tan solo 49 concellos mantienen en sus manos tanto la gestión tributaria como la recaudación, incluida la fase ejecutiva ante impagos. De ellos, nueve corresponden a Pontevedra (Vigo, Pontevedra, Bueu, Fornelos de Montes, A Guarda, Marín, Redondela, Ribadumia y Vilagarcía de Arousa), 21 a Ourense, 7 a Lugo y 12 a A Coruña.
Por tanto, delegan parcial o totalmente estas competencias 52 municipios de Pontevedra (Forcarei y A Illa, por ejemplo, solo ceden la recaudación en período ejecutivo), 71 de Ourense (25 de ellos a mancomunidades), 60 de Lugo y 81 de A Coruña. En el primer caso, se trata de cuatro concellos menos que los que cedieron la recaudación ejecutiva a la Diputación de Pontevedra el año pasado, según la Memoria 2018 del ORAL, su servicio de gestión económica.
